Amnistía Internacional señala que el Gobierno hondureño está desplegando tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces de disenso en el contexto de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país en una década, entre otras, evitando que abogados o activistas de derechos humanos visiten a manifestantes detenidos.
Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostiene que “la evidencia demuestra que no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones en Honduras. Cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del Gobierno”.
A su juicio “detener todo el uso ilegítimo o excesivo de la fuerza de policías y militares contra las personas que protestan, acabar con las detenciones arbitrarias e investigar todos los casos de violaciones de derechos humanos sería una buena forma de comenzar a abordar los graves hechos que hemos documentado en días recientes”.
Cabe recordar, dice el órgano, que una delegación de Amnistía Internacional visitó la capital de Honduras, Tegucigalpa, para reunirse con activistas y víctimas de violaciones de derechos humanos en medio de la crisis y estado de excepción que tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Los expertos de Amnistía también se reunieron con miembros de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
Durante la visita, los delegados de la organización documentaron violaciones contra manifestantes y otras personas. Amnistía afirma que al menos 14 personas fallecieron, muchas de ellas por heridas de bala, decenas más fueron heridas en el contexto de manifestaciones que fueron generalmente pacíficas que tuvieron lugar tras las elecciones del domingo 26 de Noviembre.
Asimismo agrega que el 1 de diciembre, las autoridades impusieron un toque de queda que, de acuerdo a la mayoría de personas entrevistadas, incrementó los riesgos a la vida e integridad de las personas.
Un defensor de derechos humanos le dijo a Amnistía Internacional que aunque el acoso y los golpes sean comunes durante las protestas en Honduras, en los últimos días la situación se ha vuelto más insegura para cualquier persona que camine por las calles.
También, que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes. En algunos casos, dispararon armas de fuego contra ellos. Los niveles de violencia son comparables a aquellos que siguieron al golpe de estado de 2009.
Solo un oficial de policía ha sido llevado ante un juez por disparar un arma contra un manifestante, de acuerdo con información dada por la Policía Nacional a Amnistía Internacional.
A continuación, Amnistìa expone que el toque de queda está afectando todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Muchas han tenido que cambiar constantemente sus rutinas mientras otras pierden horas de trabajo o evitan visitar a familiares y amigos. Si no dejan las calles para el momento en que comienza el toque de queda, enfrentan el riesgo de no volver a sus casas o sufrir ataques en las calles.
A continuación asevera que las personas arrestadas por violar el toque de queda son retenidas hasta las 5 de la mañana en las estaciones de policía. Durante ese tiempo, no tienen acceso a asistencia legal, ya que ni los abogados ni las personas que defienden los derechos humanos pueden movilizarse durante el toque de queda para visitarlos o para iniciar procedimientos legales en su nombre.
Finalmente, Amnistía arguye que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con una alta tasa de homicidios e inseguridad. Existe un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones, alimentado por la impunidad que prevalece en la mayoría de los crímenes, y por recurrentes señalamientos de corrupción o involucramiento de agentes estatales en actividades delictivas.

Vea texto íntegro del comunicado

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