Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el inciso segundo del artículo 64 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en una causa sobre acción de reclamación de multa en juicio sumario de que conoce un Juzgado Civil de Rancagua.
El TC resolvió no acoger a tramitación el requerimiento, al no haberse acompañado el certificado que exige el artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, lo impide a la Sala designada por el Presidente verificar si la gestión judicial invocada en el libelo existe y si ella se encuentra pendiente ante un tribunal ordinario o especial.
Además, porque la acción de inaplicabilidad se ha dirigido en contra de una norma legal que no se encontraba vigente a la fecha de interponer la reclamación judicial invocada en el libelo, por lo que tampoco ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto de que se trata, ya que fue sustituida por la Ley Nº 20.417 (D.O., 26 de enero de 2010), y contrariamente a lo que afirma el requirente, la nueva disposición no establece la obligación de pagar el equivalente al 10% del valor de la multa aplicada por la competente autoridad administrativa para poder reclamar de ella ante los tribunales que la ley determina.

Vea texto íntegro de la sentencia Rol N° 1823.

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