Columnas

El análisis aborda los desafíos de incorporar efectivamente la perspectiva de género en los procesos judiciales, a partir de reflexiones sobre las prácticas y los sesgos del sistema de justicia y del examen de una sentencia argentina que, ante el riesgo de reiteración de la violencia, dispuso medidas de protección por diez años en favor de una mujer, reafirmando el deber estatal de prevenir nuevas agresiones y garantizar una vida libre de violencia.

La remoción de jueces investigados por viajar al extranjero durante licencias médicas ha reabierto el debate sobre la igualdad ante la ley, la probidad judicial y la legitimidad del Poder Judicial. A partir de la jurisprudencia que ha validado despidos y destituciones de trabajadores y funcionarios públicos por conductas similares, la columna examina la percepción de un doble estándar y sostiene que quienes imparten justicia deben someterse a los mismos criterios que aplican a los demás, sin desconocer su derecho al debido proceso y a la defensa.

Sentido y alcance de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia y su proyección sobre la movilización funcionaria frente a los recortes del Presupuesto 2027 y la no renovación masiva de contratas.

El artículo 454 N°1 del Código del Trabajo impide al empleador alegar en juicio hechos distintos de los consignados en la carta de despido. El análisis jurídico cuestiona la constitucionalidad de esta restricción, al sostener que anticipa la pérdida de facultades de defensa antes de que exista un proceso judicial, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley, especialmente en perjuicio de micro y pequeños empleadores que carecen de asesoría jurídica.

La sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la norma sobre micro-relocalización de concesiones salmoneras abre un debate sobre el alcance jurídico de sus fundamentos. El autor sostiene que, aunque siete ministros concurrieron a la decisión, solo cinco compartieron los argumentos relativos al Convenio 169 de la OIT, el principio de no regresión ambiental y el Acuerdo de Escazú, por lo que tales razonamientos no constituirían doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal.

La reactivación de la Reforma Procesal Civil abre una oportunidad para revisar el procedimiento monitorio a partir de la experiencia comparada, su aplicación en Chile y los avances tecnológicos. El desafío es perfeccionar su ámbito de aplicación, los efectos de la oposición y su diseño digital, equilibrando eficiencia procesal y garantías del debido proceso.

El Derecho chileno regula la identificación, tenencia y cuidado de los animales de compañía mientras viven, pero no ofrece una respuesta integral a lo que ocurre después de su muerte. Aunque la información registral se conserva y existen controles sanitarios e iniciativas legislativas sobre cementerios y crematorios, siguen sin resolverse cuestiones esenciales sobre quién puede decidir el destino del cuerpo, quién debe custodiarlo, cómo garantizar la trazabilidad de los restos, cuándo corresponde preservarlos como prueba y en qué momento concluye la responsabilidad jurídica asociada al animal.

El Decreto Supremo N° 68 de 2026 modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para aumentar la densidad habitacional, ampliar los beneficios de constructibilidad y altura, y facilitar la reducción de estacionamientos. El análisis examina sus efectos sobre los planes reguladores comunales, las nuevas disposiciones sobre mitigación vial y reconstrucción, y los vacíos interpretativos que podrían generar dificultades en su aplicación.

La Ley de Reconstrucción Nacional, próxima a ser publicada, reducirá a un año el plazo del artículo 53 de la Ley N° 19.880. Si bien se presentó originalmente como una medida aplicable exclusivamente a los permisos sectoriales, alcanzará a todo acto administrativo. Un plazo más breve exige, al menos, reglas claras sobre qué debe ocurrir dentro de él, y vuelve a poner sobre la mesa la ausencia de un contencioso administrativo general y de una judicatura especializada.

Ante la pregunta de si se usó inteligencia artificial para condenar a un hombre a veintiún años de cárcel, la respuesta oficial fue que no había forma de saberlo. Ese es el problema.

El artículo 621 del Código Civil, sobre las palomas que abandonan un palomar, suele citarse como un anacronismo. Esta columna reconstruye su origen, desde el animus revertendi romano hasta el Code civil de 1804 y la abolición del derecho exclusivo de palomar en 1789, para mostrar que es una regla técnica precisa y aún coherente.

El Escudo de las Américas plantea nuevos desafíos para el Derecho Internacional y Constitucional al establecer una arquitectura de cooperación hemisférica destinada a enfrentar a cárteles y organizaciones criminales transnacionales. La iniciativa abre interrogantes sobre soberanía, uso de la fuerza, seguridad colectiva, derechos humanos y responsabilidad internacional de los Estados ante amenazas que desbordan las categorías tradicionales.

Los deepfakes hacen que la apariencia de una prueba ya no baste para confirmar su autenticidad. A partir de Libananco v. Turquía, Taheri v. Emiratos Árabes Unidos y Malek Media v. AXQG, esta alerta analiza cómo los tribunales arbitrales han enfrentado las impugnaciones de autenticidad de la prueba digital, y los desafíos que ellos suponen para el procedimiento arbitral.

La jurisprudencia reciente de los tribunales superiores estaría restringiendo el alcance del control judicial sobre la actividad sancionatoria de la Administración, particularmente al calificar las reclamaciones de ilegalidad como acciones de derecho estricto, limitar la revisión de la proporcionalidad de las sanciones y descartar impugnaciones por ausencia de agravio cuando previamente se redujo una multa. El autor advierte que estos criterios pueden debilitar el principio de juridicidad y la tutela efectiva de los derechos de los administrados.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad surgió como una garantía de la autonomía individual frente al poder del Estado y adquirió especial relevancia en sistemas constitucionales que dejaron atrás regímenes autoritarios. La experiencia de Alemania, Grecia y España muestra distintas formas de reconocer esta libertad y asegurar un espacio en el que las personas puedan definir su propio proyecto de vida, cuestión que adquiere particular interés frente a ordenamientos como el chileno, que no consagran expresamente esta garantía general. Texto pegado

A 25 años de su adopción, la Carta Democrática Interamericana mantiene su relevancia como instrumento regional para la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, aunque enfrenta nuevos desafíos ante procesos de erosión institucional surgidos desde gobiernos electos. Su aplicación en distintas crisis del continente y su creciente utilización como criterio interpretativo por tribunales nacionales y por la Corte Interamericana plantean el debate sobre sus límites jurídicos y sobre el eventual reconocimiento de la democracia como un derecho humano autónomo.