Martes, 25 de febrero de 2020
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El máximo Tribunal ibérico consideró que los principios constitucionales que pueden resultar infringidos son el de seguridad jurídica, el de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y el de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional.
El decreto se basó en la formalización por un delito del que finalmente fue sobreseído.
El ente contralor adujo que subsidio no puede extenderse a quienes se encuentran en una situación distinta de aquella contemplada en el decreto N° 104, de 1974.
El amparo tiene su origen en el hackeo a Carabineros de Chile.
Máximo Tribunal indicó que el actuar del órgano recurrido vulneró la igualdad ante la ley.
La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.
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Artículo 13 del decreto de Ley 1.939 del año 1977.
Milton Maureira, abogado especializado en derecho inmobiliario, opina sobre la ley relacionada con el acceso a playas, ríos y lagos.
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