Contraloría General de la República no puede proporcionar la identidad del denunciante anónimo porque ello afecta el debido cumplimiento de su función fiscalizadora.

La ejecución concreta de esta norma no ha estado exenta de polémica en su aplicación práctica, ya que se debe ponderar: por una parte, el derecho de las personas a acceder y usar colectivamente el bien público “playa” en uso de la garantía constitucional que asegura la libertad de tránsito o locomoción; y, por la otra, la afectación al derecho de los dueños de los terrenos en donde éstos se fijen, siendo aquella una carga que se impone mediante la dictación de un acto administrativo, cuyo fundamento se ha dado en base a la función social de la propiedad consagrada en la Constitución Política de la República.
Para intentar determinar la fisionomía del derecho al olvido, ha expuesto el máximo Tribunal que han de considerarse, caso a caso, distintos criterios, tales como: la existencia de un interés público relevante que prevalece; la falta de actualización de los datos; la irrelevancia actual del dato; el exceso de datos comunicados en relación a la finalidad perseguida; la modificación en las circunstancias que impediría cumplir con la finalidad original; que la información se refiera a personajes públicos; fines estadísticos, históricos o artísticos; o la afectación concreta al derecho fundamental que se “sacrifica” con la medida, lo que se traduce en la necesidad de probar la afectación y el perjuicio que experimenta el recurrente.
Que se traten los datos personales de los consumidores significa, desde una perspectiva muy amplia, que se subsumen en la Institucionalidad de la Protección de Datos Personales todas las operaciones que realice un proveedor o un prestador de servicios con la información de sus clientes referidas a –y es una referencia “numerus apertus”- cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.
A lo largo de todos los conflictos bélicos que la historia de nuestra humanidad conoce, la violencia sexual se ha utilizado de manera sistemática, con el fin de suprimir los derecho de las mujeres y niñas con el objeto de someterlas sexualmente a la humillación, pérdida del honor, libertad sexual e integridad corporal frente al ataque de ejércitos o grupos armados en medio de un conflicto bélico en donde la violencia sexual empleada, trasgrede todos sus derechos humanos siendo el campo de batalla los cuerpos de cada una de ellas, como desalmados actos que siembran el terror al ser utilizadas como arma de guerra.
La diputada independiente abordó la contingencia que ha tenido la consagración del derecho a la salud en la redacción de la nueva Constitución, así como el debate entre tener un sistema de salud público o privado y la condena que tienen las empresas privadas, tema en el cual disparó que no puede existir un “perdonazo”.
Con esta norma, asegura la abogada, las y los trabajadores han perdido el control de los tiempos de trabajo, este es el gran daño que se ha planteado a los derechos de los trabajadores.
Estamos en presencia de varias situaciones anómalas o complejas. Una primera situación tiene que ver con el hecho de que el Comité de Ministros se pronuncia sobre un proyecto estando pendiente un fallo de la Corte Suprema. Por otro lado, hay toda una problemática que acompaña a este procedimiento, que es el factor político.
Es una buena decisión que el Comité de Ministros haya podido rechazar el proyecto. Chile pertenece a organismos internacionales y comisiones de conservación de biodiversidad, cuenta con metas nacionales y globales de protección de biodiversidad.
Chile lleva más de 2 años intentando redactar una nueva Constitución. En su origen, el país levantó un órgano que fue protagonizado por actores de izquierda e independientes. Ahora, un Consejo Constitucional diseñado por las fuerzas políticas con representación de los partidos políticos, y dominado por la derecha, será el encargado de escribir una nueva Carta Magna.
El interés por el nuevo proceso es bajo. Tal vez demasiado. Así lo demuestran los datos y el ambiente que se vive en las calles. Luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, pareciera que gran parte de la ciudadanía está lista para cerrar el capítulo constitucional. Las intenciones refundacionales dieron lugar a la apatía y cabe preguntarse si este nuevo proceso constitucional puede, o quiere, cambiar esto.
Chile lleva más de 2 años intentando redactar una nueva Constitución. En su origen, el país levantó un órgano que fue protagonizado por actores de izquierda e independientes. Ahora, un Consejo Constitucional diseñado por las fuerzas políticas con representación de los partidos políticos, y dominado por la derecha, será el encargado de escribir una nueva Carta Magna.
El interés por el nuevo proceso es bajo. Tal vez demasiado. Así lo demuestran los datos y el ambiente que se vive en las calles. Luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, pareciera que gran parte de la ciudadanía está lista para cerrar el capítulo constitucional. Las intenciones refundacionales dieron lugar a la apatía y cabe preguntarse si este nuevo proceso constitucional puede, o quiere, cambiar esto.
Estamos en presencia de varias situaciones anómalas o complejas. Una primera situación tiene que ver con el hecho de que el Comité de Ministros se pronuncia sobre un proyecto estando pendiente un fallo de la Corte Suprema. Por otro lado, hay toda una problemática que acompaña a este procedimiento, que es el factor político.
Es una buena decisión que el Comité de Ministros haya podido rechazar el proyecto. Chile pertenece a organismos internacionales y comisiones de conservación de biodiversidad, cuenta con metas nacionales y globales de protección de biodiversidad.