Término anticipado de contrata se ajusta a derecho. Función que desempeñaba la funcionaria se trasladó a otra repartición pública que exige para el ejercicio del cargo estudios de posgrado los que la recurrente no posee.

En la práctica, las manifestaciones de expulsión que no se colocan dentro de procedimientos administrativos justos, denominados devoluciones en caliente, claramente generan la vulneración de garantía de cualquier sistema legal, debido a que no se respeta el debido proceso ni los derechos humanos; y mucho menos el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Obsérvese que el ingreso masivo de extranjeros, por paso no habilitado, no empodera al Estado para vulnerar sus propias normas sobre Migración y Extranjería. En definitiva, las devoluciones en caliente, en su esencia, constituyen una vulneración clara del principio de no devolución y una categoría lacerante de todo ordenamiento jurídico en el ámbito migratorio.
El proyecto no ha considerado una serie de factores que se derivan del informe de la Excelentísima Corte Suprema, pues la ampliación de competencias para la justicia de policía local termina siendo más amplia que la pretendida en el proyecto, con una exclusión de la justicia local de la Región Metropolitana, sin indicar las razones para ello, rompiendo, en nuestro concepto, la unidad de jurisdicción, en esta ocasión, en razón de la materia y sin considerar factores humanos, tecnológicos y de infraestructura, tanto o más trascendentes que un aumento de competencias, aumento que no garantiza, por sí mismo, un mejor acceso a la justicia.
Esperemos que una propuesta de reforma constitucional como la que acaba de aprobar la Comisión sea agendada oportunamente para su debate y aprobación por parte del Pleno del Congreso. Pero sobre todo, esperemos que en el debate se expongan razones jurídicas suficientes que justifiquen un impedimento como el que se propone tomando en consideración que lo que está en juego no es únicamente la participación política de los ciudadanos y el derecho a ser elegido para un cargo de elección popular, sino también el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad
El pasado 17 de marzo de 2023, la Excma. Corte Suprema mediante la sentencia de reemplazo Rol N°14.262-2022, ha emitido una serie de consideraciones relevantes en torno a la construcción del estándar material exigible, el daño y el nexo de causalidad en la falta de servicio atribuible a negligencia médica. El siguiente comentario pretende exponer las consideraciones más importantes y realizar una breve reflexión en torno a cómo el Máximo Tribunal ha ido paulatinamente innovando en su argumentación jurídica a la hora de imputar responsabilidad a la Administración del Estado.
Cortez afirma que lo interesante del matrimonio igualitario respecto a las personas no binarias o de las diversidades sexogenéricas es que establece explícitamente a la identidad de género como una categoría prohibida de discriminación en relación a los efectos del matrimonio, en particular, por ejemplo, lo que dice relación con el cuidado personal de hijos en común, lo que es un avance muy significativo.
El candidato de Renovación Nacional al Consejo Constitucional, Bruno Baranda, expresó que no se requiere un cambio de Constitución para que el Estado se modernice. Sin embargo, el ex ministro de Desarrollo Social, quien además fue el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, argumentó que trabajará por una Carta Magna “para mujeres y hombres que privilegie la libertad, las personas y la familia”.
La Política Nacional de Inteligencia Artificial y la modificación al artículo 19 N°1 y N°4 han sido grandes avances y en su tramitación fueron transversalmente apoyadas. Por lo tanto, debieran perdurar en la nueva constitución, dada su relevancia y adecuación a las necesidades de nuestro tiempo.
En cuanto a su reconocimiento constitucional, mi opinión es que no constituye un tópico que deba tener reconocimiento de ese rango. Al tratarse de un tema tan innovador y disruptivo, siempre está la tentación de querer darle una connotación de rango constitucional. A mi entender sería innecesario.
Hace ya más de un año comenzó a regir la nueva ley Pro Consumidor, la cual busca poder dar mayores garantías a todos los consumidores respecto a los productos adquiridos en el mercado establecido y la vida útil de estos, subiendo así los estándares de calidad que debe contar todo producto que se comercialice en el país; y en el caso de no cumplirse, amplia los derechos de las personas permitiéndoles una serie de herramientas jurídicas para poder encontrar soluciones que buscan ser rápidas y efectivas.
La ley 21.389, que crea el “Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos” es una normativa que viene en proteger los derechos de los niños, niñas y adolecentes, y que castiga duramente a los infractores de ley.
Hace ya más de un año comenzó a regir la nueva ley Pro Consumidor, la cual busca poder dar mayores garantías a todos los consumidores respecto a los productos adquiridos en el mercado establecido y la vida útil de estos, subiendo así los estándares de calidad que debe contar todo producto que se comercialice en el país; y en el caso de no cumplirse, amplia los derechos de las personas permitiéndoles una serie de herramientas jurídicas para poder encontrar soluciones que buscan ser rápidas y efectivas.
La ley 21.389, que crea el “Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos” es una normativa que viene en proteger los derechos de los niños, niñas y adolecentes, y que castiga duramente a los infractores de ley.
La Política Nacional de Inteligencia Artificial y la modificación al artículo 19 N°1 y N°4 han sido grandes avances y en su tramitación fueron transversalmente apoyadas. Por lo tanto, debieran perdurar en la nueva constitución, dada su relevancia y adecuación a las necesidades de nuestro tiempo.
En cuanto a su reconocimiento constitucional, mi opinión es que no constituye un tópico que deba tener reconocimiento de ese rango. Al tratarse de un tema tan innovador y disruptivo, siempre está la tentación de querer darle una connotación de rango constitucional. A mi entender sería innecesario.