Laboral

El máximo tribunal acogió un recurso de queja y resolvió que no procede aplicar el plazo de caducidad de 60 días del artículo 168 del Código del Trabajo cuando la acción de despido injustificado depende del previo reconocimiento de una relación laboral controvertida. En consecuencia, ordenó continuar la tramitación íntegra de la demanda presentada contra la Universidad Técnica Federico Santa María.

El máximo tribunal estableció que una contratación a honorarios puede ser recalificada como relación laboral cuando en los hechos existen elementos de subordinación y dependencia, pero determinó que la sanción de nulidad del despido no procede cuando el vínculo laboral es reconocido posteriormente por sentencia respecto de un organismo público.

El máximo tribunal concluyó que el no pago reiterado de cotizaciones de AFP, salud y seguro de cesantía constituye un incumplimiento grave del contrato. La empresa deberá indemnizar al trabajador y pagar las remuneraciones devengadas hasta la regularización de la deuda previsional.

El máximo tribunal concluyó que las acciones por despido injustificado y compensación del fuero maternal no podían declararse fuera de plazo sin resolver previamente si existió una relación laboral. Ordenó tramitar íntegramente la demanda contra de dos empresas.

El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por un trabajador cuya relación laboral se extendió por 19 años. Resolvió que la jurisprudencia ya está unificada en cuanto a que la sanción de nulidad del despido no procede contra organismos públicos contratantes a honorarios y que no existió un pronunciamiento de fondo sobre la prescripción de los feriados.

El tribunal rechazó el recurso de la empresa al concluir que empleó una causal inadecuada para cuestionar la gravedad del incumplimiento laboral. La discusión debía plantearse mediante la norma que permite revisar la calificación jurídica de los hechos.

La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo no exige comunicar oportunamente la licencia médica al empleador para justificar una inasistencia, por lo que la enfermedad acreditada constituye una causa suficiente para descartar la causal de despido.

El tribunal desestimó las causales de vías de hecho, acoso laboral y graves incumplimientos, considerando que la confrontación fue recíproca y que la prueba no permitió reconstruir íntegramente los hechos.

La opinión analiza el aumento de los despidos y de las demandas por despido injustificado en Chile, a partir de un informe del Observatorio Judicial que revisó más de 43 mil sentencias dictadas entre 2015 y 2025. El texto advierte que siete de cada diez demandas son acogidas, que la mayoría de las causas termina por conciliación o avenimiento, y que los empleadores enfrentan un escenario especialmente desfavorable cuando invocan necesidades de la empresa, causal que termina siendo declarada injustificada en más del 80% de los casos.

La Corte Suprema acogió el recurso del liquidador concursal de una empresa deudora y resolvió que las sumas adeudadas a extrabajadores por nulidad del despido no tienen naturaleza remuneracional. Por ello, no gozan de la preferencia de pago del N°5 del artículo 2472 del Código Civil, sino de la prevista en el N°8 de la misma norma, referida a las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral, con el tope legal correspondiente.

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió parcialmente la tutela laboral deducida por un profesor de artes musicales contra la Municipalidad de Quilicura, al estimar que fue desvinculado por manifestar apoyo a un candidato opositor. El tribunal rechazó las excepciones del municipio, tuvo por configurada una discriminación por afinidad política y ordenó pagar las indemnizaciones laborales correspondientes.

La Corte Suprema acogió el recurso de Banco Santander Chile y estableció que, cuando un convenio colectivo otorga una indemnización superior a la legal, pero dispone expresamente que el recargo del 30% se calculará sobre la base legal con sus topes, dicha cláusula debe respetarse como manifestación válida de la autonomía colectiva. La decisión contó con el voto en contra del ministro Blanco.

El tribunal acogió parcialmente la reclamación de HELP SpA y redujo la sanción de 60 a 3 UTM por infracción al artículo 34 del Código del Trabajo, reconociendo la existencia de un sistema interno de gestión de descansos aunque sin prueba específica de su cumplimiento en los casos fiscalizados.

El proyecto de ley propone precisar el régimen de protección de derechos fundamentales aplicable al personal militar, policial y penitenciario, reforzando el principio de especialidad estatutaria y excluyendo la tutela laboral para impugnar actos propios del mando, la disciplina, la carrera funcionaria o la organización del servicio.

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación deducido por la empresa estatal y confirmó que, en su calidad de mandante, debe pagar subsidiariamente la indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo, al estimar que la reparación por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido constituye una obligación de dar comprendida en el régimen de subcontratación. Voto en contra; tratándose de una vulneración de derechos fundamentales cometida por el empleador directo, la empresa principal no tiene deberes de control o fiscalización.

Concluyó que la demanda fue presentada dentro del plazo legal y que la equivocación en el nombre y RUT de la empresa demandada no justificaba privar a la trabajadora del acceso a la jurisdicción.

Estableció que la empresa principal puede ser condenada al pago subsidiario de la indemnización especial de tutela laboral, aun cuando la vulneración de derechos fundamentales haya sido cometida por el empleador directo.

Declaró inadmisibles recursos de unificación de jurisprudencia interpuestos por ambas partes y confirmó el criterio según el cual la sanción de nulidad del despido no procede cuando la relación laboral es reconocida judicialmente respecto de contrataciones a honorarios efectuadas por órganos de la Administración del Estado, pero ordenó el pago de cotizaciones previsionales.

Tribunal calificó como despido abusivo la no renovación de contratos a plazo fijo por motivos antisindicales, ordenó la reincorporación de seis profesores, dispuso medidas de reparación integral y condenó a la corporación educacional al pago de $4 millones por daño moral a cada trabajador

La Corte Suprema acogió parcialmente un recurso de unificación de jurisprudencia y confirmó la existencia de una relación laboral entre un trabajador y una municipalidad, pero dejó sin efecto la sanción de nulidad del despido, reiterando que esta no procede cuando la contratación a honorarios fue celebrada por un órgano de la Administración del Estado al amparo de una normativa especial

Corte Suprema fija alcance de la obligación previsional al determinar que, declarada judicialmente la existencia de una relación laboral, el empleador debe enterar las cotizaciones de seguridad social adeudadas, salvo respecto de aquellos períodos en que las partes hayan pactado expresamente que dicha obligación correspondía a la trabajadora. Asimismo, precisó que las cotizaciones del seguro de cesantía deben ser íntegramente financiadas por el empleador cuando no fueron enteradas durante la vigencia del vínculo.

La Corte de Santiago condenó a las demandadas a pagar una indemnización por daño moral a un trabajador que desarrolló una enfermedad profesional a raíz de acoso laboral, al concluir que dicha reparación es compatible con las indemnizaciones y recargos derivados del despido indirecto contemplados en el Código del Trabajo.

El tribunal de alzada mantuvo la sentencia que declaró injustificado el despido de un trabajador al concluir que la empresa no acreditó íntegramente los hechos descritos en la carta de despido y descartó infracciones a las reglas de la sana crítica, así como la existencia de decisiones contradictorias en el fallo impugnado.

Concluyó que el tribunal del trabajo omitió analizar antecedentes probatorios relevantes ofrecidos por la empleadora antes de declarar injustificado el despido de un jefe de finanzas. Estimó que la falta de valoración integral de la prueba vulneró el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales y el derecho al debido proceso, por lo que anuló el fallo y ordenó realizar un nuevo juicio ante un juez no inhabilitado.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago concluyó que el no pago de cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía, junto con remuneraciones impagas, constituyen incumplimientos graves que justifican el despido indirecto. Además, declaró la nulidad del despido y confirmó la existencia de una unidad económica entre las demandadas, las que deberán responder solidariamente por las prestaciones e indemnizaciones adeudadas al trabajador.

Acogió el recurso de nulidad de trabajador y concluyó que el tribunal laboral omitió valorar antecedentes relevantes relacionados con el otorgamiento de feriados legales. Estimó que la falta de análisis íntegro de la prueba vulneró las exigencias de fundamentación establecidas en el Código del Trabajo, por lo que anuló el fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio ante un juez no inhabilitado.