Ejecutivo ingresó a trámite legislativo proyecto de ley que introduce criterios de razonabilidad y solidaridad en lo que respecta a la tabla de factores y a la determinación del precio base de los contratos de salud.

El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que mientras “se estudie una reforma integral al financiamiento del Sistema de Salud Chileno”, se hace necesario “abordar de manera inmediata” los mecanismos utilizados por las Isapres para el alza de precios en los planes de salud, dando así “una rápida respuesta” a las exigencias de protección del derecho a la salud como a los requerimientos de “razonabilidad” que deben regir dichas adecuaciones, tal como lo han señalado los tribunales de justicia.

El mensaje -luego de realizar una relación de la evolución de los mecanismos de determinación de los precios de los planes de salud-, cita la reciente jurisprudencia del TC (Rol N° 1710) en que se declaró inconstitucional los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933, para lo cual, señala, la Magistratura Constitucional que “las diferencias fundadas en los criterios de la edad y del sexo de las personas, no son, en sí mismas, jurídicamente reprochables, ni tampoco prima facie arbitrarias, siempre que respondan a una fundamentación razonable”. Con todo, añade, las reglas contenidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 38 ter no cumplían, a juicio del Tribunal, con dichos requisitos, siendo contrarias a la igualdad ante la ley al no instituir “límites idóneos, necesarios, proporcionados y, por ende, razonables” (Véase relacionado).

Luego se hace referencia a la adecuación de precios base e invoca la reiterada jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, las que conociendo, por vía de protección, cuestionan la justificación de las alzas de los precios base de los planes de salud, por cuanto en tales adecuaciones no ha operado ni el criterio de razonabilidad como tampoco el hecho que la Isapre acredite suficientemente el cambio efectivo en el valor de las prestaciones médicas, situación que vulnera las garantías constitucionales relativas a la protección a la salud y el derecho de propiedad.