En el día de ayer quedó presentada la anunciada acusación constitucional en contra la Intendenta de la Región del Bío Bío, que le imputa vulneración a la probidad administrativa; al deber de coordinar y supervigilar o fiscalizar los servicios públicos que operan en la región, contemplado en el artículo 112 de la Carta Fundamental, al atribuirse competencias de otros órganos administrativos; y, finalmente, vulneración de la igualdad ante la ley, por cuanto la Intendenta habría promovido la entrega de privilegios y beneficios habitacionales a favor de un grupo determinado de personas discriminando negativamente a vecinos de otros sectores.
Cabe señalar que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra del Presidente de la República, Ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional y, por último, de los intendentes y gobernadores por las causales que, respecto de cada una de esas autoridades taxativamente establece el artículo 52 N°2 de la Constitución.
El libelo describe los hechos que configurarían la supuesta infracción a la Constitución, entre ellos: a) Mentir deliberadamente a los vecinos de la población Aurora de Chile, de la ciudad de Concepción, al informarles a sabiendas la falsedad de que existía un proyecto habitacional a su favor, autorizado y confirmado formalmente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y con los recursos, asignados para ello; b) Inventar una historia falsa de que personas que no fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero sí estaban afectadas por él, buscando involucrar a vecinos de la población Aurora de Chile en dicha maquinación engañosa, para así tratar de inducir ilegítimamente decisiones de organismos del Estado; c) Decidir promover privilegios y beneficios habitacionales indebidos a favor de un grupo determinado de personas, discriminando negativamente a los vecinos de otros sectores de la región del Biobío que no han tenido acceso a dichos privilegios y beneficios; y d) Arrogarse atribuciones que no le corresponden sobre servicios públicos de la región del Biobío, al margen de sus potestades de coordinación, supervigilancia o coordinación de dichos servicios.
De aprobarse la acusación constitucional por la Cámara de Diputados, la Intendenta quedaría suspendida de su cargo y el procedimiento seguirá su tramitación ante el Senado que estaría llamado a actuar como tribunal y resolver como jurado, para declarar si la acusada es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, como lo establece el artículo 53 N°1 de la Carta Fundamental.

Vea texto íntegro de la acusación constitucional.

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