La iniciativa de los diputados Browne, García, Monckeberg Bruner, Monckeberg Díaz, Pérez, Rivas, Rubilar, Santana y Sauerbaum, expone que los martilleros públicos solo pueden “vender públicamente al mejor postor toda clase de bienes corporales muebles”, correspondiendo la subasta de bienes inmuebles al propio juez de la causa.
Observa luego que el “remate de propiedades se realiza en el lugar menos indicado”, es decir, en el mismo tribunal en que se tramita el juicio, “sin ninguna comodidad para los futuros compradores y además teniendo en consideración que el tribunal está diseñado y habilitado para otro tipo de funciones”. Además, tales remates adolecen de una serie de defectos que “atentan contra la fe pública”, como es la inadecuada publicidad de la subasta; “siempre son los mismos compradores que se adjudican las propiedades, incluso esto se presta para situaciones de poca transparencia”; el valor obtenido en la subasta pública “siempre es menor a lo esperado”, entre otros déficit que se generan.
Con el fin de subsanar tales deficiencias, conseguir mejores precios, dar mayor transparencia al proceso y garantizar la libertad de trabajo, proponen modificar la Ley 18.118 de manera de facultar a los martilleros públicos para subastar bienes inmuebles, entre otras disposiciones que consulta la iniciativa, relativas a las sanciones aplicables a los martilleros que se concertaren con terceros para una determinada venta.

Vea texto íntegro de la moción boletín N° 7557-07.

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