En días pasados fue publicada la Ley N°20.507 (D.O., 8 abril de 2011), que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.
El citado cuerpo legal modifica –entre otras normas- el Código Penal y el Código Procesal Penal.
La enmienda al Código Penal tiene por objeto establecer que previa autorización del juez de garantía competente, el fiscal podrá autorizar, en las investigaciones por los delitos previstos en el párrafo que la disposición indica, que funcionarios policiales se desempeñen como agentes encubiertos y, a propuesta de dichos funcionarios, que determinados informantes de esos servicios actúen en esa calidad.
También que cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de esos delitos, y la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integraren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones, entre otras regulaciones.
Mientras que la enmienda introducida al Código Procesal Penal tiene por fin imponerle al Ministerio Público la obligación de proteger, del modo que el precepto lo establece, la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, y a adoptar todas las medidas necesarias o a solicitarlas, entre otras prescripciones que la nueva ley consulta.
Vea texto íntegro de la Ley N°20.507.
Vea informe evacuado por la Corte Suprema.
Vea texto íntegro del mensaje, informes, discusión y tramitación del proyecto de ley.
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