El Convenio 169 de la OIT dispone que para la aplicación del mismo, los gobiernos deben consultar “a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Los términos en que se debe proceder a la consulta a los pueblos originarios en el marco de la tramitación de los proyectos de ley ha generado una serie de discrepancias, tanto a nivel legislativo como en el ejecutivo, al punto que se han realizado numerosas peticiones por los representantes de los pueblos originarios a lo largo del país para que se precise el ejercicio de su derecho a consulta.
El Ministro de Planificación concurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y entregó detalles sobre el proceso que está realizando el Ejecutivo para solucionar esta situación.
Explicó que el restablecimiento del proceso de consulta “va a ser uno de los hitos más importantes que hemos tenido en materia indígena desde comenzó el Convenio 169 de la OIT”, ya que abarcara “a todas las comunidades indígenas que están inscritas y no inscritas a lo largo del país”.
Agregó que se van a trabajar básicamente tres temas, el primero la creación de la Agencia de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos; el segundo el reconocimiento constitucional; y el tercero, que es probablemente el más sentido por todas las comunidades indígenas, el cómo realizar la consulta en el futuro.
El Secretario de Estado añadió que regular la forma de cómo debemos realizar consultas a nuestros pueblos originarios en el futuro “es el gran objetivo”, y adelantó que dentro de los mecanismos que se estudian están los talleres y sesiones informativas presenciales. “Estamos hablando de que ellos van a contar con recursos para asesorías propias y que van a poder presentar sus informes luego de ciertos plazos, o sea no va a ser un diálogo unidireccional”, acotó.

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