Le corresponde a la Cámara de Diputados –como atribución exclusiva- declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, de los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional y, por último, de los intendentes y gobernadores por las causales que, respecto de cada una de esas autoridades taxativamente establece el artículo 52 N°2 de la Carta Fundamental.
La acusación constitucional puede ser interpuesta mientras las autoridades se encuentren desempeñando sus funciones o bien cuando éstas hayan expirado en sus cargos, en el plazo de seis meses tratándose del Presidente de la República y dentro del lapso de tres meses cuando se dedujere en contra de las otras autoridades señaladas precedentemente.
Como es sabido, aprobada la acusación por la Cámara de Diputados queda la autoridad suspendida de su cargo y el procedimiento sigue su tramitación ante el Senado, que actúa como tribunal y resuelve como jurado, para declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, como lo establece el artículo 53 N°1 del Código Político.
Los jefes y subjefes de bancada de los partidos de la Concertación anunciaron que se encuentran evaluando presentar una acusación constitucional en contra de la de la ex Ministra de Vivienda, Magdalena Matte, al estimar graves los antecedentes entregados por la Contraloría General de la República en el caso Kodama.
Los parlamentarios precisaron que antes de tomar una decisión le solicitarán a abogados constitucionalistas que evacuen un informe que precise si existe meritos para formular la acusación.
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