Hay votos en contra.
TC rechazó requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma que regula el procedimiento de reclamo de decisiones de la autoridad regional en relación a la actividad de vigilantes privados.
"las exigencias constitucionales en materia de justo y racional procedimiento son definiciones primarias del legislador complementadas con el desarrollo jurisprudencial de la cláusula del debido proceso. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso."
El TC rechazó requerimiento de inaplicabilidad que impugnó el inciso duodécimo del artículo 3 del Decreto Ley 3.607 de 1981, que permite reclamar ante el Ministro del Fuero las resoluciones dictadas por la autoridad regional en relación a la actividad de vigilantes privados.
La norma legal dispone: “Serán reclamables ante un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, quien conocerá en única instancia, la resolución que notifique a las entidades a que se refiere en el inciso primero la circunstancia de encontrarse en la situación que éste contempla y las condiciones que se exijan para el funcionamiento de vigilantes privados en el respectivo decreto supremo o en los que lo modifiquen. El plazo para reclamar será de diez días, contado desde la notificación del correspondiente acto administrativo”.
La gestión pendiente invocada es un reclamo interpuesto contra el Intendente de la Región Metropolitana.
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