Corte de Iquique desestimó acciones de protección interpuestas en contra de Comisión de Evaluación Ambiental que aprobó centrales termoeléctricas.

Se dedujeron tres acciones de protección en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, que evaluó favorablemente los estudios de impacto ambiental de dos centrales de generación eléctrica, que se ubicaría en el sector de Punta Patache de la localidad de Iquique. Tal aprobación vulneraría, entre otras garantías constitucionales, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En un primer pronunciamiento, la Corte de Apelaciones de esa ciudad desestimó la acción constitucional en el, haciéndose cargo de que supuestamente “la resolución impugnada desatendió informes y pronunciamientos negativos emitidos por servicios públicos, que requieren otorgar permisos ambientales sectoriales (PAS)”, lo que no es efectivo por cuanto “la propia resolución certifica el cumplimiento de la normativa del proyecto, como también da cuenta de haberse acompañado los antecedentes necesarios para la ponderación respectiva de los PAS involucrados, estableciendo que estos antecedentes son suficientes para asegurar los requisitos ambientales de cada uno de estos permisos, posibilitando un análisis de la evaluación de los componentes ambientales vinculados a los permisos ambientales sectoriales respectivos, sin que por otra parte, corresponda a esta Corte realizar un análisis de índole técnico de dichos componentes, pues ello excede claramente el ámbito propio de esta acción cautelar”. (Rol N° 247-2011)

En un segundo fallo de ese Tribunal de Alzada, en el cual se adujo que no se habría notificado una resolución invalidatoria, y que por lo mismo se afectaría todo el procedimiento posterior hasta arribar a la dictación de la Resolución Exenta, también se rechazó el arbitrio constitucional, porque “de acuerdo a las normas de la Ley 19.300, sólo cabe notificar a los terceros de la resolución que se pronuncia sobre la calificación ambiental de un proyecto, que no es el caso, por lo que sólo cabía notificar la resolución invalidatoria al interesado” para la “prosecución del procedimiento”; como también que “respecto de tal omisión ya existió un pronunciamiento judicial” en sede de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que aparece rechazado. (Rol N°248-2011)