El conflicto surge luego de un corte de energía eléctrica ocurrido el día 12 de enero de 2003, y que provocó una caída general del sistema eléctrico entre Tal Tal y Linares, ante la falla de un transformador.
El fallo de primera instancia había condenado a 12 empresas del sector, involucradas en la provisión del servicio en la zona del apagón, al pago de una multa correspondiente a 6.460 Unidades Tributarias Anuales (UTA), aproximadamente tres mil millones de pesos.
La Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados por las empresas, al estimar que sobre la base de la investigación realizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), éstas no cumplieron con su deber de subsanar las deficiencias que provocaron la caída general del sistema. El fallo agrega que el incumplimiento de esta obligación legal deviene en una conducta culposa por parte de las empresas y que las hace responsables por la falla generalizada del suministro eléctrico.
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