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Para hacer efectiva la responsabilidad del Estado.

Diputados respaldan reclamación de CENDA ante la OIT por discriminación de las mujeres en Chile.

La Carta Fundamental asegura que tanto hombres como mujeres son iguales ante la ley, prohibiendo la discriminación arbitraria. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) presentó una reclamación ante la OIT por reiteradas discriminaciones hacia el género femenino -por inobservancia del Estado- sobre “Convenios de seguros de vejez, discriminación en el empleo y […]

26 de agosto de 2011

La Carta Fundamental asegura que tanto hombres como mujeres son iguales ante la ley, prohibiendo la discriminación arbitraria.

El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) presentó una reclamación ante la OIT por reiteradas discriminaciones hacia el género femenino -por inobservancia del Estado- sobre “Convenios de seguros de vejez, discriminación en el empleo y ocupación e igualdad de remuneraciones” todos ratificados por nuestro país y vigentes. Tiene su fundamento “en la responsabilidad” directa en perjuicios patrimoniales y morales, “generados por el Gobierno de Chile por el incumplimiento de los Convenios que afectan los derechos de varias miles de mujeres que se han pensionado o están próximas a pensionarse bajo la modalidad del denominado sistema de Aseguradora de Fondos de Pensión (AFP)”.

Los diputados Cristina Girardi y Enrique Accorsi, expresaron que respaldan la denuncia y reclamación presentada por CENDA, y que asimismo, fue apoyada por los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación de Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer y del Colegio de Profesores de Chile, que asistieron a la presentación.

Por su parte, la diputada Girardi explicó que, conforme a los datos proporcionados por el INE, “en el actual sistema de AFP un hombre soltero de 65” obtiene cerca de “un tercio más de pensión que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo acumulado” y que tal discriminación tiene su origen en la privatización del sistema de pensiones, donde se modificó su fórmula de cálculo, al introducir un factor adicional “la esperanza de vida al momento de jubilar”, obteniendo un resultado “muy perjudicial para las mujeres”, quienes viven en promedio cinco años más, y deben jubilar cinco años antes que los hombres.

Finalmente se pretende que “se acoja el presente reclamo a tramitación y se declare que el Estado de Chile ha incumplido permanente los Convenios de la OIT”.

 

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