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A propósito de las manifestaciones.

Libertad y Desarrollo cuestiona la legalidad y límite de las recientes protestas y paros.

«esto no significa que toda marcha o protesta sea legítima porque al existir otros derechos –propiedad, libertad de emprendimiento y de tránsito-, estos deben ser ponderados por la autoridad…»

30 de agosto de 2011

En el marco de las recientes manifestaciones de los estudiantes secundarios y universitarios apoyados por diversos sectores de nuestra sociedad, se sumó el paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. El balance de la autoridad indicó que la convocatoria dejó un número de aproximadamente 1.400 personas detenidas, más de 150 carabineros heridos y una persona muerta.
Conforme al informe “Las Protestas y sus Límites en Democracia” redactado por el Instituto Libertad y Desarrollo, se cuestiona la legitimidad de las actuales protestas y los límites que existen para llevarlos a cabo. Ello considerando que de haber tenido éxito el paro de la CUT, las pérdidas para nuestro país ascenderían a los 200 millones de dólares diarios, lo que pondría en riesgo nuestra economía. Agrega que al realizar estos movimientos, se atenta a la libertad de las personas impidiendo su desplazamiento y realización de actividades cotidianas, pero específicamente lo que se ha intentado hacer es poner en jaque al Gobierno, debilitando la convivencia nacional y la gobernabilidad del país.    
Asimismo, observa que la ponderación que existe de los derechos constitucionales en juego –reunión, asociación, y de expresión- permite a las personas poder expresar sus demandas y descontentos, interpelando así a la sociedad y los poderes políticos. Indica que esto no es negativo ni ilegitimo, sino que se trata del objetivo claro de la libertad de expresión. Sin embargo, esto no significa que toda marcha o protesta sea legítima porque al existir otros derechos –propiedad, libertad de emprendimiento y de tránsito-, estos deben ser ponderados por la autoridad.
Concluye que Chile está en busca de construir un consenso amplio para mejorar las condiciones de acceso, financiamiento y la calidad de la educación, pero que a pesar de estas medidas se están utilizando medios de presión; traspasando la legitimidad y legalidad. Señala que es deber de la autoridad actuar con el máximo rigor de la ley para hacer frente a ello, y emplaza a la Concertación para que realice un análisis acerca de los límites de las protestas y su actuar como oposición política en la sociedad.

Vea texto íntegro del documento.

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