Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso final del artículo 41 del D.F.L. N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que estableció la “Ley de Caminos”.
La norma impugnada dispone: “En caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de estas instalaciones del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será hecho por cuenta exclusiva del respectivo propietario o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión respectivo”.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de protección seguido ante la Corte Suprema en contra de la Dirección Regional de Vialidad de Atacama, en la cual la Empresa Eléctrica de Atacama S.A. recurrió frente al oficio del órgano administrativo aludido que le imputó la infracción de “ocupación indebida” de Faja Fiscal, con la instalación de postes “no autorizados”
De aplicársele la norma legal impugnada, expone la requirente, se vulneraran diversas garantías constitucional, entre ellas, el debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica respetando las normas legales que la regulen, el derecho de propiedad y la reserva legal, por insuficiencia normativa.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación para pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol 2069.

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