La moción de los senadores Girardi y Letelier expresa que la Constitución chilena reconoce el derecho a la educación pero garantiza sólo la libertad de enseñanza, lo que califican como “muy propio del régimen neoliberal”, dejando al derecho a la educación en las condiciones de “una declaración programática o de buenas intenciones” y “un derecho de papel”, agregando que después de 1973 el Estado ha dejado de ser un protagonista del sistema educacional para “ser solamente un «guardián» del cumplimiento correcto de las normas ” y que “un Estado que se asume ajeno el proceso mismo de la educación no puede por tanto ofrecer calidad de la educación”.
Observa luego que existe una educación primaria y secundaria desfinanciada y una educación superior de mercado orientada al lucro y no a la academia, mediante subterfugios que burlan la ley, reparten utilidades, en circunstancias que “el grueso de los flujos que perciben provienen del financiamiento particular aportado por los propios estudiantes y sus familias.
Con el objeto de “instaurar un nuevo régimen constitucional para la educación en Chile que al menos en una primera fase haga efectivo, realizable y exigible el derecho a la educación a nivel constitucional”, proponen modificar el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política, intercalando en su inciso tercero entre las expresiones «Corresponderá al Estado» y «otorgar especial protección al ejercicio de este derecho», la palabra «garantizar»; entre otras modificaciones que el proyecto de ley consulta.