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Derecho a la educación.

LyD publicó informe de 7 consecuencias que produciría el proyecto de ley que prohíbe el lucro en la educación.

En los últimos cuatro meses, la actividad política se ha visto conmocionada frente  las demandas y fuertes protestas de los estudiantes apoyados por un amplio sector de la sociedad, que exigen entre otras medidas una reforma a la Carta Fundamental, que reconozca la calidad en la educación y prohíba el lucro.En esta línea de ideas, […]

23 de septiembre de 2011

En los últimos cuatro meses, la actividad política se ha visto conmocionada frente  las demandas y fuertes protestas de los estudiantes apoyados por un amplio sector de la sociedad, que exigen entre otras medidas una reforma a la Carta Fundamental, que reconozca la calidad en la educación y prohíba el lucro.
En esta línea de ideas, el Instituto Libertad y Desarrollo, publicó un estudio de 7 consecuencias que tendría el reconocimiento y aplicación del proyecto de ley que termina con el lucro en la educación.  
Entre las consecuencias destaca que se atentaría en contra la diversidad del sistema educacional, ya que específicamente las familias deberán optar por establecimientos sin fines de lucro, de los cuales 4 de cada 5 tiene un proyecto educativo religioso, limitando la posibilidad de acceder a un colegio laico u independiente. Asimismo, aproximadamente 1.250.000 alumnos de establecimientos particulares subvencionados, perdería su subvención la que alcanza a los $50.000.- mensuales, provocando nefastas consecuencias a los establecimientos educacionales y a las familias, tal como sucedió con el Transantiago.  
Agrega, que los miles de alumnos que tienen la posibilidad de pagar más en educación, tendrán como resultado una educación de peor calidad, producto de la emigración de alumnos a los colegios municipales, perdiendo los más de 600 mil puntajes SIMCES superiores al promedio. También establece que las sociedades dejarían de recibir aportes tanto directos como indirectos del Estado, lo que provocaría que 60 mil alumnos de educación superior, específicamente de institutos técnicos, que asisten a las instituciones financiadas por estas empresas y que reciben becas por parte del Estado, las pierdan.
Concluye que se agravaría la situación de innovación que se produce entre la empresa privada y la universidad, ya que son los aportes de particulares el principal medio de sustentar los centros de investigación, limitando también la inversión en infraestructura.

 

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