Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsabilidad de El Salvador en desaparición forzada de menores de edad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de El Salvador vulneró ciertos derechos que la Convención Americana de Derechos Humanos le reconoce a un conjunto de menores de edad cuya desaparición forzada ha sido reconocida por el propio Estado, por su falta de diligencia en adoptar medidas de investigación y sanción de los responsables de tales actos.

Esta sentencia se origina en una demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la República de El Salvador en relación con las peticiones iniciales presentadas ante la Comisión varias organizaciones de derechos humanos por las alegadas desapariciones forzadas ocurridas entre los años 1981 y 1983, de varios menores de edad, por parte de miembros de diferentes cuerpos militares, en el contexto de “operativos de contrainsurgencia” durante el conflicto armado ocurrido en El Salvador.

La demanda se funda en la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador, por no haber esclarecido las circunstancias de desaparición de las menores y haber dejado los hechos en impunidad por más de 30 años, lo que vulnera el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, las garantías judiciales y la obligación del Estado de otorgar protección judicial. En cuanto a la menor Gregoria Herminia Contreras, ésta fue ubicada en el año 2006, luego de que se hubiera alterado su identidad y las fuerzas militares hayan dispuesto su reubicación en una familia diferente.