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Introducción de plebiscito vinculante.

Informe del Centro de Estudios del Desarrollo plantea cuestionamientos a mecanismos de democracia directa para solucionar debate actual por sistema educativo.

En el marco de la discusión sobre la introducción en nuestro ordenamiento constitucional de mecanismos de democracia directa, en particular las iniciativas sobre plebiscito vinculante, un informe del Centro de Estudios del Desarrollo plantea que dichos instrumentos deben ser complementarios a la democracia representativa. El informe plantea, en primer término, la inviabilidad e inconveniencia de […]

3 de noviembre de 2011

En el marco de la discusión sobre la introducción en nuestro ordenamiento constitucional de mecanismos de democracia directa, en particular las iniciativas sobre plebiscito vinculante, un informe del Centro de Estudios del Desarrollo plantea que dichos instrumentos deben ser complementarios a la democracia representativa.

El informe plantea, en primer término, la inviabilidad e inconveniencia de la democracia directa en las sociedades actuales, atendida su escala territorial, el tamaño de la población, la complejidad de los problemas y las restricciones temporales a la deliberación. Además, hay ciertas decisiones «especialmente complejas que suponen conocimientos y habilidades especificas que tienen solo personas con gran entrenamiento y amplia experiencia real».

A continuación, reconoce el desencanto con la democracia representativa que comienza a surgir a nivel global hacia fines de la década de los 60’s, con las demandas por mayor participación y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales. Lo anterior se tradujo, en el ámbito latinoamericano, en una profusa experimentación con mecanismos de democracia directa, tales como iniciativas consultivas y populares, plebiscitos constitucionales, referendos, entre otros. Sin embargo, los estudios empíricos dan cuenta de que estas herramientas pueden ser peligrosas para la democracia representativa, cuando las instituciones políticas sin débiles.

Concluye señalando que el plebiscito no es la solución al actual conflicto estudiantil, sobre todo considerando que su sola introducción en nuestro ordenamiento requiere una reforma constitucional cuya discusión puede tardar varios meses. Por otra parte, sostiene que «un problema como el educacional es de enorme complejidad técnica y su solución supone además agregar intereses y compatibilidad distintas concepciones doctrinarias e ideológicas». Finalmente, señala que, aun cuando se convocara a un plebiscito, el 80% de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad no podría participar por cuanto no se encuentran inscritos en los registros electorales.

 

 

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