En el marco de las últimas críticas que se le han hecho al Gobierno, respecto al aumento de la delincuencia, y en particular, de los delitos de mayor connotación social, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), publicó un documento titulado “El costo de la delincuencia en Chile 2000-2010”.
El informe destaca la evolución del costo total de la delincuencia, es decir, tanto el público como el privado, el que aumentó entre 2000 y 2010 en un 123,3%.
A su vez, el documento demuestra que en términos de participación, respecto de ambos sectores en el costo total de la delincuencia, “es posible observar que esta es relativamente constante en el tiempo”. Mientras que, al disgregar por institución el gasto público en el año 2010, destacan que los mayores recursos son asignados a Carabineros de Chile con 42,6 %, en circunstancias que al Ministerio Público solo le favorece el 7,5%.
Añade que desde la perspectiva de la eficacia y eficiencia los resultados son ambiguos. Desde la óptica de la “eficacia, es posible observar cómo la victimización de hogares medidas en las encuestas de victimización del gobierno (ENUSC) desde 2003 –aunque con cambios metodológicos profundos en el periodo– ha ido bajando, aunque, sigue en niveles altos para Chile y en algunos delitos específicos muy alto desde la perspectiva internacional (e.g., robo desde vehículo o robo con violencia). Por otra parte, los aumentos en denuncias de delitos deben ser mirados positivamente como un indicador de confianza de la ciudadanía en el sistema penal”.
El informe concluye que desde la perspectiva de la eficacia, los resultados se deben apreciar con “escepticismo”, al estar frente a “incrementos sustantivos y cuantiosos redituar mayores logros”. Por lo que “Chile hoy debe avanzar en la evaluación de sus programas y planes de seguridad pública en las diversas instituciones públicas responsables de estos”, acentuando el “rol fundamental para la DIPRES del Ministerio de Hacienda”, así como “también para las instituciones autónomas como el Ministerio Público y el poder Judicial” quienes “deben rendir cuentas ante la ciudadanía por su cometido y el uso eficientes de los recursos públicos”.
Ver texto íntegro del informe.
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