CS acoge recurso de casación en el fondo por conciliación que se tuvo por aprobada a pesar de que el INP emitió acto administrativo rechazando sus bases.

Se dedujeron recursos de casación en la forma y en el fondo, por parte del Instituto de Normalización Previsional (actualmente Instituto de Previsión Social), en contra de resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmando la de primera instancia, tuvo por “definitivamente aprobada la conciliación celebrada” entre los demandantes y el referido organismo público, por la cual se cedería y transferiría el dominio pleno y absoluto de algunos bienes inmuebles a los actores, terceros coadyuvantes e independientes que concurrieron al comparendo de conciliación.

El recurso de casación en la forma se invocó la causal prevista en el N° 2 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido acordada la sentencia impugnada con la concurrencia de un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente, en la medida que la resolución recurrida recae en varios procesos acumulados y en uno de ellos fue recusado un abogado integrante. Además, se invocó la causal del N° 5 del artículo 768, cual es haber sido pronunciada la sentencia recurrida con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en la medida que la resolución que aprueba la conciliación omite razonar acerca de la manifestación de voluntad de las partes exenta de todo vicio para aceptar la propuesta del juez, al atribuir a las bases de conciliación entregadas en una audiencia anterior el carácter de “conciliación consumada”, agregando que la manifestación de voluntad de un órgano público se realiza mediante acto administrativo, que en el caso sub lite se emitió rechazando la propuesta conciliatoria.

Por su parte, el recurso de casación en el fondo denunció infracción de las normas que regulan la forma en que los órganos del Estado, y específicamente el Instituto de Normalización Previsional, expresan su voluntad, entre otras normas de la Ley N° 19.880, Ley N° 18.575, y de la Constitución, por cuanto para entender aprobada una conciliación en un proceso judicial en que es parte el Instituto de Normalización Previsional, se requiere de un acto administrativo dictado por su Director Nacional a través del cual manifieste su voluntad de aprobarla, consentimiento que está sujeto a una serie de formalidades legales, entre ellas la aprobación previa de su organismo fiscalizador, la Superintendencia de Seguridad Social, y obtenida la aquiescencia de ésta, la autorización de la Contraloría General de la República.