La Corte Suprema de Estados Unidos fue requerida por el Estado de Arizona a fin de pronunciarse sobre un fallo dictado por una Corte Federal que limitó los efectos de una ley de inmigración que, entre otros aspectos, autoriza a la policía a interrogar a cualquier persona de quien se sospeche encontrarse en una situación migratoria ilegal.

Al efecto, cabe recordar que en Estados Unidos, de un tiempo a esta parte, una serie de estados federales –entre ellos Alabama, Utah, Carolina del Sur y el mismo Arizona– han decidido dictar sus propias legislaciones que pretenden controlar la inmigración –especialmente la que proviene de Latinoamérica–, imponiendo medidas que han redundado en ingentes restricciones a derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley, la libertad personal y la no discriminación arbitraria, y que en gran parte de los casos ventilados ante las autoridades federales han terminado con la mera deportación de sus afectados.

Lo anterior, ha motivado que el Gobierno de Barack Obama se enfrasque en duros procesos judiciales con cada uno de los aludidos estados federales, arguyendo que tal, es una materia que le corresponde abordar exclusivamente al Gobierno. Estados que, por su parte, se han defendido alegando que, hasta ahora, aquél no ha tomado ninguna medida que se haga cargo en forma seria de un tema particularmente sensible en la sociedad norteamericana.

Así, la CS de Estados Unidos deberá emitir prontamente un pronunciamiento que concluya en un respaldo, ya sea para las distintas leyes inmigratorias federales, o para el Gobierno central que ha tomado el tema como una verdadera bandera de lucha de cara a la probable reelección del Presidente Barack Obama.