En días pasados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó el lanzamiento de su Informe Anual de Derechos Humanos 2011, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° N° 1 de la Ley que creó este órgano, en cuanto dispone que le corresponderá: “1.- Elaborar un Informe Anual, que deberá presentar al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema sobre sus actividades, sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto”.
En la presentación del Informe, el Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nacional de Chile, profesor Felipe González, recalcó la importancia de que Chile adecué su legislación y prácticas a los estándares internacionalmente reconocidos al efecto, dando cuenta de la importante jurisprudencia de la Comisión en los últimos años, en particular en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, y al reconocimiento y efectiva protección de grupos sociales marginalizados o particularmente vulnerables.
A su turno, la Directora del INDH, Lorena Fries Monleón, enfatizó la necesidad de atender especialmente la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de las personas particularmente afectadas por el terremoto de febrero de 2010. En cuanto a los sucesos propios del año 2011, destacó las movilizaciones estudiantiles y sociales, en cuanto a visibilizar el déficit del Estado chileno en materia de derecho a la educación y también a poner en tela de juicio la calidad de nuestras instituciones de democracia representativa, lo que forzará a un replanteamiento de las mismas en clave de derechos a la participación política, a la transparencia, entre otros. A lo anterior, agregó la necesidad de que el ejercicio del derecho fundamental de reunión sea regulado por una ley, y no por un acto administrativo como ocurre en la actualidad. Finalmente, hizo un llamamiento a todas las autoridades estatales a rechazar la vulneración sistemática de los derechos fundamentales durante el Gobierno Militar, evitando cualquier acto que implique un reconocimiento hacia quienes tuvieron se encuentren condenados por delitos de esta naturaleza.
Vea texto íntegro del Informe.
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