Diario Constitucional

Libre competencia.

CS revoca sentencia del TDLC y condena a empresas de telefonía móvil a pagar multas y negociar con operadores virtuales.

La Fiscalía Nacional Económica dedujo un requerimiento en contra de las empresas Telefónica Móviles de Chile S.A., Entel PCS S.A. y Claro Chile S.A. imputándoles prácticas exclusorias con el objeto de impedir, restringir y entorpecer la competencia en el mercado, creando barreras artificiales de entrada a los concesionarios de telefonía móvil, a través de sistemas…

Por Redacción·02 de enero de 2012·4 min de lectura
CS revoca sentencia del TDLC y condena a empresas de telefonía móvil a pagar multas y negociar con operadores virtuales.
Referencial

La Fiscalía Nacional Económica dedujo un requerimiento en contra de las empresas Telefónica Móviles de Chile S.A., Entel PCS S.A. y Claro Chile S.A. imputándoles prácticas exclusorias con el objeto de impedir, restringir y entorpecer la competencia en el mercado, creando barreras artificiales de entrada a los concesionarios de telefonía móvil, a través de sistemas de terceros-operadores móviles virtuales- mediante su oposición injustificada y abusiva al otorgamiento de concesiones de ese tipo y por medio de la negativa injustificada a formular una oferta de facilidades para reventa por parte de las requeridas a estos operadores móviles virtuales, todo lo cual infringiría el artículo 3° del DL N° 211, referido a la libre competencia.

El TDLC rechazó el requerimiento, pero la Corte Suprema conociendo de varios recursos de reclamación, revocó la sentencia en alzada condenando a las empresas a pagar una multa de 3 mil UTA cada una, ordenando además a las requeridas presentar en un plazo de noventa días una oferta de facilidades y/o reventa de planes para operadores móviles virtuales, sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios.

En su fallo, el máximo Tribunal precisó que “el solo hecho de haberse opuesto éstas en distintas oportunidades a las diversas solicitudes de concesiones que efectuaran diversas empresas para operar como operadores móviles virtuales no importa necesariamente, como lo entienden las reclamantes, una intención positiva de impedir, restringir o entorpecer la libre competencia”, concluyendo que “no hay antecedentes en la causa que permitan establecer la intención de las empresas requeridas en orden a crear barreras artificiales de entrada al mercado de que se trata utilizando para ello el mecanismo de oponerse a las solicitudes de concesiones que les franquea la ley”, configurándose más bien un caso de legítimo ejercicio del derecho a oponerse, rechazando así el primer cargo.

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