Tomas de establecimientos.
Corte de Punta Arenas desestimó acción de protección de Alcalde contra autoridades de educación por disminución de subvenciones.
Se dedujo acción de protección por el alcalde de Punta Arenas en contra del Secretario Regional Ministerial de Educación y del Jefe de Subvenciones del Ministerio de Educación, por cuanto decretaron que respecto de los establecimientos educacionales en toma lo que procede "es declarar las asistencias efectivas de los establecimientos, dado que no es posible…

Se dedujo acción de protección por el alcalde de Punta Arenas en contra del Secretario Regional Ministerial de Educación y del Jefe de Subvenciones del Ministerio de Educación, por cuanto decretaron que respecto de los establecimientos educacionales en toma lo que procede “es declarar las asistencias efectivas de los establecimientos, dado que no es posible acceder a la solicitud de recuperación de clases por los días no trabajados, ya que estos llegaron a su límite que el 15 de enero de 2012, fecha en la cual concluye efectivamente el año escolar 2011”, reduciendo drásticamente el financiamiento, con un alza de costos para el municipio, que no está en situación de soportar.
El actor estima que la conducta recurrida es constitutiva de una omisión arbitraria e ilegal, por cuanto se debieron dictar los actos administrativos de suspensión anticipada de clases y de pago de la subvención conforme al artículo 13 inciso final del D.F.L Nº 2, consecuente con el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Educación autorizó la prórroga del año escolar por fuerza mayor e instruyó en el sentido de fijar calendarios alternativos. Por lo anterior, se vulneran sus garantías constitucionales, en específico el derecho a la subvención, considerado como parte del derecho de propiedad.
Agrega que ofició al Ministerio solicitando los recursos para girar los pagos de los días no trabajados, mas transcurrió considerable tiempo sin respuesta, en una omisión inexcusable. En efecto, no pueden imponer una carga al sostenedor para el financiamiento del paro estudiantil, obligando a los municipios del país a solventar el pago de remuneraciones, gastos generales, de administración, de reposición o reparación de daños causados a la infraestructura y mobiliario.
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