TC deberá pronunciarse acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley que disminuye plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte.

La Cámara de Diputados remitió al TC el proyecto de ley relativo a los plazos de muerte presunta y que fija normas sobre comprobación judicial de muerte.

El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expuso que, a propósito de la ya conocida tragedia en el archipiélago de Juan Fernández, y “toda vez que se tenga total certeza de la muerte de una persona”, se pueda proceder “a la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil”, no obstante que el cadáver no hubiese sido hallado o sea imposible su identificación, todo para “otorgar mayor celeridad a la tramitación de la solicitud de muerte presunta”, ha propuesto modificar dos cuerpos legales. Por una parte, la Ley Nº 4.808 sobre Registro Civil, para dotar al aludido Servicio de las facultades para inscribir también una defunción en virtud, “del oficio emanado del juez en los casos que la ley señale”. Asimismo, que al momento de requerir dicha inscripción, no sea necesario presentar el certificado aludido en su artículo 45, cuando sea mediante el oficio ya mencionado.

A su turno, respecto al Código Civil, primero en los numerales 8 y 9 del artículo 81, en el caso de la pérdida de nave o aeronave y tras haber ocurrido un sismo o catástrofe, disminuyendo los plazos a tres y seis meses, respectivamente, para solicitar la declaración de la muerte presunta. Añade que se sustituirá el párrafo §4 “De la muerte civil”, del Título II del Libro Primero del Código Civil, por otro denominado “De la comprobación judicial de la muerte”, incorporando nuevas disposiciones referidas a: otorgar facultad al juez del último domicilio del desaparecido para que, a instancias de cualquiera que tenga interés en ello, tenga por comprobada la muerte respecto a la que se tiene certeza; ordenar la publicación en el Diario Oficial de un extracto de la resolución que acoge la solicitud mencionada precedentemente; regular las condiciones y efectos de la reaparición de quien fuera declarado muerto o de la alegación de que habría sobrevivido a las circunstancias que llevaron al juez a declarar su muerte.