No se probó el perjuicio moral.
CS rechazó recursos de casación en el fondo contra sentencia de la Corte de Concepción que había acogido indemnización de perjuicios contra Serviu del Bío Bío sólo en lo relativo al daño material.
La parte demandante y la demandada dedujeron sendos recursos de casación en el fondo en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que, confirmando el fallo de primer grado, acogió una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Serviu de la Región del Bío Bío sólo en cuanto condenó…

La parte demandante y la demandada dedujeron sendos recursos de casación en el fondo en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que, confirmando el fallo de primer grado, acogió una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Serviu de la Región del Bío Bío sólo en cuanto condenó a la demandada a pagar una indemnización a cada uno de los actores una indemnización a título de daño material.
El recurso de los demandantes denunció infracción a diversas normas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que no se dio lugar a la indemnización por daño moral demandada.
A su turno, el recurso de anulación sustancial de la demandada se fundó, en primer término, en la vulneración de diversas normas legales que regulan la actuación de la Administración de Estado, atendido que se habría establecido una obligación del órgano demandado que no emana de la correcta interpretación de las disposiciones legales. En el mismo sentido, estimó vulnerados los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el artículo 1437 del Código Civil y el artículo 3 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, en el sentido de que la indemnización se fundó en el incumplimiento de un servicio al cual no estaba legalmente obligado el órgano demandado. Finalmente, se estimaron como vulneradas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil relativas a la valoración de la prueba instrumental.
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