La Fiscalía Nacional Económica (FNE) es un servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuyo Fiscal Nacional es de confianza exclusiva del Presidente de la República. La FNE está encargada de defender y promover la competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena.
La moción de los senadores Bianchi, Gómez, Horvath, Prokurica y Tuma, expresa que ante los frecuentes casos que atentan en contra de la libre competencia, se hace necesaria una reforma que le asegure a la FNE la debida independencia y autonomía, la cual se ve menoscabada, toda vez que se encuentra sujeta a la supervigilancia del Ejecutivo, donde sus instrucciones son finalmente, las determinarán las políticas de defensa de la libre competencia.
Observa luego que, debe efectuarse una reforma en la materia, como ocurrió en el ámbito penal, con la creación de un órgano constitucional llamado Ministerio Público, así también en el ámbito de la libre competencia, realizando innovaciones que permitan asegurar la institucionalidad de manera efectiva e imparcial, ajena a intereses económicos y políticos.
Con el objeto de asegurar una economía sana, libre, igualitaria y de acceso universal, los parlamentarios proponen incorporar un nuevo capitulo XI a la Constitución Política de la Republica, denominado “de la Fiscalía Nacional Económica”, en donde se defina a la FNE como un órgano de rango constitucional autónomo, jerarquizado, descentralizado, independiente de todo organismo o servicio y que tiene la función de resguardar y garantizar la libre competencia.
Asimismo, a fin de reforzar la autonomía, que el Fiscal Nacional Económico sea designado por el Presidente de la República, a propuesta de una quina elaborada por la Corte Suprema, con acuerdo del Senado.