Para garantizar acceso a justicia rápida y eficaz.
Presidente de la República presentó proyecto que establece un nuevo Código Procesal Civil.
el proyecto propone, en primer término, otorgar un rol más activo al juez, quien puede adoptar de oficio las medidas necesarias para el válido, eficaz y pronto desarrollo del proceso, al tiempo que se le confiere la facultad excepcional de distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes.

El Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reforma de manera integral el sistema de enjuiciamiento civil, estableciendo un nuevo Código Procesal Civil.
El estudio del nuevo texto legal comenzó con el Foro Procesal Civil, convocado por primera vez en el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, y ha sido sometido a un pormenorizado análisis por parte de la actual administración, la que estuvo a cargo de una Comisión Intraministerial, liderada por el ex Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, y apoyada por destacados académicos del área procesal, como son Cristián Maturana, José Pedro Silva y Raúl Tavolari.
El mensaje comienza por observar “la incoherencia que representan los modernos avances en los otros sistemas procesales nacionales, con la pervivencia de un modelo de enjuiciamiento civil estructuralmente antagónico y a esta altura afectado de una grave obsolescencia”, lo que produce una injustificada diferencia entre un orden procesal y los otros, con menoscabo de la necesaria coherencia del sistema de protección de derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el proyecto identifica cuatro grandes problemas que justifican el proyecto: 1) el alto número de ingresos de causas, particularmente de cobro ejecutivo y preparación a la vía ejecutiva, que generan grandes niveles de retraso; 2) la existencia de procedimientos excesivamente formalistas, escriturados y mediatizados, y un sistema recursivo injustificadamente amplio; 3) la constante delegación de funciones propias del juzgador en funcionarios auxiliares de la administración de justicia; y 4) la necesidad de iniciar, con posterioridad a la sentencia definitiva y si no se ha obtenido el cumplimiento voluntario de la misma, un nuevo procedimiento judicial.
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