Al ser utilizada como pretexto para amenazar a la población.
Diputados proponen derogar la Ley de Seguridad del Estado.
La moción de los diputados Ascencio, León, Lorenzini, Ojeda, Rincón, Silber y Vallespín expone que la Ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, tiene por objeto ordenar de manera sistemática la seguridad interior y exterior del Estado, agravando especialmente aquellas conductas que puedan atentar con el orden normal del Estado y la democracia. Observa luego…

La moción de los diputados Ascencio, León, Lorenzini, Ojeda, Rincón, Silber y Vallespín expone que la Ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, tiene por objeto ordenar de manera sistemática la seguridad interior y exterior del Estado, agravando especialmente aquellas conductas que puedan atentar con el orden normal del Estado y la democracia.
Observa luego que la última modificación realizada a ese cuerpo legal, data desde el año 1975, y contempla los siguientes títulos: “Título I la tipificación de «Delitos contra la Soberanía Nacional y la Seguridad Exterior del Estado»; en el Título II los «Delitos contra la Seguridad Interior del Estado»; en el Título III los «Delitos contra el Orden Público»; y, en el Título IV los «Delitos contra la normalidad de las actividades nacionales». Por su parte, en el Título V se establece disposiciones generales, en el Título VI se establece las normas de jurisdicción y procedimiento, en el Título VII contempla las normas sobre la prevención de los delitos contemplados en la ley, y en el Título VIII se facultades ordinarias del Presidente de la República para velar por la seguridad del Estado, el mantenimiento del orden público y de la paz social y por la normalidad de las actividades nacionales”.
Por otra parte, la iniciativa señala que gran parte de estas disposiciones se encuentran contenidas en el Código Penal, y en otras leyes especiales, por lo que no tendría sentido la existencia de este cuerpo legal. Asimismo, agrega que el uso de la Ley por parte del Gobierno, ha sido pretexto para amenazar a la población por las protestas sociales y ciudadanas, “pretendiendo que las altas penas que se contemplan para los delitos allí tipificados surtan un efecto de disuasión general en la población”.
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