Fue presentada acusación constitucional en contra del Ministro del Interior por ejercicio abusivo de sus atribuciones de control del orden público.

La Cámara de Diputados tiene la atribución exclusiva de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes autoridades: del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, de los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional y, por último, de los intendentes y gobernadores, por las causales que taxativamente contempla el artículo 52 N°2 de la Constitución.

Una vez aprobada la acusación, la autoridad queda suspendida del ejercicio de su cargo, y el procedimiento sigue su tramitación ante el Senado, que actúa como tribunal y resuelve como jurado, para declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, como lo establece el artículo 53 N°1 de la Carta Fundamental.

En virtud de tales disposiciones, fue presentada, por parte de diputados de oposición, una acusación constitucional en contra del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la segunda desde que asumiera en el cargo, con ocasión del despliegue de fuerza pública en el caso de las recientes manifestaciones en la región de Aysén.