En el marco de su función de promoción y supervisión de la observancia del cumplimiento de los derechos humanos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas.
Entre los problemas más graves que se identifican se encuentran el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a los servicios básicos; los altos índices de violencia carcelaria; el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales; el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria; la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; la falta de programas de reinserción laboral y social; y la corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria.
El informe tiene su eje en la preocupación por la rehabilitación para el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de la población en estado de reclusión, para lo cual enfatiza la necesidad de políticas públicas orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad, particularmente por cuanto la mayoría de la población carcelaria es significativamente joven, toda vez que se trata de una población que puede tener una vida productiva por delante, y que de no ser así dicha población corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal.
En el caso de nuestro país, el informe es particularmente preocupante en cuanto indica que (i) Chile tiene la segunda mayor tasa de muertes violentas en las cárceles en América Latina (203 entre 2005 y 2009); (ii) se ha producido un alto número de suicidios en las cárceles en el período entre 2005 y 2009; (iii) la existencia de prácticas abusivas y de registros corporales e intrusivos denigrantes a mujeres y niñas, que fuera observada por el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad en su visita a nuestro país; y (vi) sólo un 28% de los internos condenados estaban matriculados en actividades educativas, y un 32% de la población penal estuvo involucrada en actividades laborales, al año 2009.
Ver texto íntegro del informe.
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