Se dedujo acción de protección en contra de un municipio, por cuanto se negó a renovar la patente de un establecimiento comercial. El recurrente consideró que el acto recurrido es ilegal por cuanto se le impone una exigencia que no contempla la ley, lo que transgrede sus derechos a la libertad económica y al igual trato que debe proporcionar el Estado en materia económica.
En su informe, la Municipalidad recurrida señaló que la no renovación de la patente se fundó en motivos legales, tramitados conforme al procedimiento establecido, dada la inactividad del ejercicio comercial de las referidas patentes.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional, por estimar que la Municipalidad se había excedido en el uso de sus atribuciones, vulnerando los derechos invocados por el recurrente, toda vez que la actividad comercial que aparece respaldada por las patentes comerciales era ejercida por un tercero, en virtud de un contrato de arrendamiento del inmueble objeto de la patente, obligándose en el referido contrato a destinar la propiedad sólo a su uso comercial y al pago de las patentes comerciales definitivas, las cuales “pueden ser transferidas de acuerdo a la ley y, dentro de dicho concepto se encuentra el arrendamiento de las mismas, lo que precisamente ha ocurrido en la especie”, por lo que “no aparece debidamente justificada la causal de no renovación esgrimida por el Sr. Alcalde”.

Vea texto íntegro de la sentencia.

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