Es parte de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible.
CS de Estados Unidos declaró constitucionalidad de norma que fuerza a ciudadanos a adquirir algún tipo de cobertura de salud.
las disposiciones que expanden el sistema público de salud, que provee asistencia a los sectores socioeconómicamente más desaventajados y a los inválidos, son contrarias a la Constitución, por cuando el Congreso Federal habría excedido su ámbito competencial al obligar a los Estados federados a participar en este programa amenazándolos con la pérdida de ciertos subsidios federales actualmente en vigor.
En una votación dividida, de cinco magistrados contra cuatro, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el marco de un requerimiento presentado por 26 Estados federados, dictó sentencia declarando la constitucionalidad de una de las más controvertidas normas contenidas en el Plan de Salud aprobado hace dos años por el Presidente Obama, denominado “Affordable Health Act”. Este texto normativo, uno de los más importantes para la actual administración demócrata, pretende terminar con la situación de una importante parte de la población de los Estados Unidos que no tiene acceso a ningún tipo de cobertura de salud, unos 30 millones de norteamericanos, ya sea mediante la expansión del sistema de seguro público de salud, denominado Medicaid, o bien a través del mercado privado. Dentro de sus disposiciones, el plan de salud incluye una regla que obliga a todos los ciudadanos a obtener algún tipo de seguro de salud, incluyendo también subsidios para los hogares más pobres y de clase media, arriesgándose, en caso contrario, a tener que pagar una pena. Al respecto, el voto de mayoría del máximo tribunal norteamericano, redactado por su Presidente, el Juez Roberts, sostuvo que esta pena pecuniaria podía ser calificada como una tasa autorizada por la Constitución, por lo que no correspondía a la Corte Suprema prohibirla o juzgar la sabiduría o justicia de la medida. Sin embargo, no obstante haber declarado la constitucionalidad de la disposición citada, la sentencia declaró que las disposiciones que expanden el sistema público de salud, que provee asistencia a los sectores socioeconómicamente más desaventajados y a los inválidos, son contrarias a la Constitución, por cuando el Congreso Federal habría excedido su ámbito competencial al obligar a los Estados federados a participar en este programa amenazándolos con la pérdida de ciertos subsidios federales actualmente en vigor.
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