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Tras la creación de los Tribunales Ambientales.

Comisión de Medio Ambiente discutió implementación de nueva Superintendencia de Medio Ambiente.

«los Tribunales Ambientales van a comenzar a funcionar en diciembre de este año, por lo mismo, es muy importante, que la Superintendencia pueda avanzar en tener todos sus reglamentos, constituidos los equipos y capacitados los trabajadores para que esto empiece y funcione».

10 de julio de 2012

En días pasados, la Comisión de Medio Ambiente del Senado analizó la puesta en marcha de la Superintedencia del Medio Ambiente, la cual se crea tras un proceso de rediseño en la institucionalidad, que pretende centralizar la protección del medio ambiente y ordenar las competencias en la materia obteniendo una eficiencia de las funciones públicas.
En la oportunidad, se contó con la participación de la Ministra del ramo María Ignacia Benítez, y del Superintendente interino de Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg.
La presidenta de la precitada Comisión, senadora Soledad Alvear manifestó su preocupación  puesto que aun la “Superintendencia de Medio Ambiente, no tiene una cabeza visible”, en circunstancias que se estableció un plazo para ello, ya que según explica “quien estaba de superintendente lo echaron luego de publicar un artículo en un medio de comunicación que expuso algunas visiones críticas o preocupantes de la situación  medioambiental”, y quien actualmente está a cargo es interino y no puede ser subrogante. En tanto, «los Tribunales Ambientales van a comenzar a funcionar en diciembre de este año, por lo mismo, es muy importante, que la Superintendencia pueda avanzar en tener todos sus reglamentos, constituidos los equipos y capacitados los trabajadores para que esto empiece y funcione».
A su turno, la Ministra de la materia informó que “la nominación del superintendente está en proceso de la Alta Dirección Pública”.
Finalmente, el senador Horvath, aclaró que la finalidad es que la Superintendencia sea “un organismo autónomo, que esté por sobre todos los servicios que hacen fiscalización”, en definitiva, “se pretende que el desarrollo económico de Chile sea compatible con los estándares chilenos y con aquellos que determina la OCDE , entidad de la que Chile es miembro”.

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