El proyecto de reforma constitucional, iniciado por moción de los diputados Baltolu, Hasbún, Hernández, Molina, Nogueira, Salaberry, Sandoval, Squella, Urrutia y  Zalaquett, expone que hay consenso en “la lucha frontal contra la proliferación y consumo de drogas y otras sustancias sicotrópicas y estupefacientes, mediante la implementación de políticas públicas destinadas a la represión” no solo estableciendo delitos vinculados al tráfico ilícito de estas sustancias, sino también por ser materia de salud pública.
Observa luego que, sin perjuicio de lo anterior, a las autoridades no les asiste obligación alguna de intachabilidad en este ámbito, por lo que puede ocurrir que personas que padecen de graves problemas de drogadicción sean dirigentes de un país. Tal situación se ha intentado evitar mediante otras iniciativas que últimamente se han presentado abordando la problemática.
Con el objeto de corregir tales defectos,  proponen modificar la Carta Fundamental, de manera que tal que no se admita ser candidato a senador o diputado a «las personas que sean actualmente consumidoras de drogas ilícitas». Asimismo, establecer expresamente que el cargo de parlamentario es “incompatible con el consumo de drogas y otras sustancias estupefacientes y sicotrópicas ilegales».

Vea texto íntegro de la moción.

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