El conjunto de preceptos legales cuya aplicación se impugna se refieren al estatuto del remate y el régimen de ejecución de los bienes del deudor.
La gestión pendiente invocada incide en un proceso ejecutivo civil, de carácter sumario, en el que se rechazaron las excepciones opuestas por el deudor, que es el requirente de inaplicabilidad.
La parte requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, su derecho de propiedad al amparar la ejecución de sus bienes en base a una sentencia ejecutiva, aun cuando existan recursos pendientes.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 2294.

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