Se dedujo acción de protección por miembros de una etnia mapuche-williche respecto de una serie de actos ilegales y arbitrarios que estaría ejecutando el recurrido, particularmente lo que dice relación con el corte de bosques que desarrollaría y que les impediría el libre acceso al Ngen Mapu Quintuante para ejercer sus actividades religiosas.
A juicio de los recurrentes dichas conductas afectarían sus derechos constitucionales por cuanto les impediría ejercer su derecho de culto y libertad religiosa, asegurado y garantizado en nuestro ordenamiento jurídico.
La Corte Suprema, para arribar su decisión, razona en base a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y las obligaciones que se generan para el Estado de Chile y lo prescrito en los numerales 6° y 24 del artículo 19 de la Constitución.
Señala el máximo Tribunal que “el acto realizado por los recurrentes consistente en una ocupación del terreno de propiedad del recurrido importa y constituye una acción ilegal de autotutela pues a través de una vía de hecho se altera y lesiona una situación preexistente sin que exista habilitación legal o judicial para ello, debiendo en consecuencia ser calificada como arbitraria y  atentatoria de la garantía cautelada en el artículo 19 Nº 24° de la Constitución Política de la República”.
En base a lo anterior procede a revocar la sentencia en alzada y a rechazar el recurso de protección, declarando expresamente que ello es sin perjuicio de las demás derechos que puedan hacer valer las partes.

Ver texto íntegro de la sentencia.

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