TC se pronunciará si admite a trámite requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma que contiene el régimen de sanciones aplicables por la autoridad administrativa a los titulares de resoluciones de calificación ambiental.

El TC deberá determinar si admite a trámite acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que impugna el inciso primero del artículo único de la Ley N° 20.473, que otorga, transitoriamente, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que a la comisión que indica el actual artículo 86 de la Ley N° 19.300, sobres bases generales del medio ambiente.

La norma impugnada dispone “durante el tiempo que medie entre la supresión de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la entrada en vigencia de los títulos II, salvo el párrafo 3º, y III de la ley a que hace referencia el artículo 9º transitorio de la ley Nº 20.417, corresponderá a los órganos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio o se aceptó la Declaración de Impacto Ambiental. En caso de incumplimiento, dichas autoridades deberán solicitar a la Comisión a que se refiere el artículo 86 de la ley Nº 19.300 o al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso, la amonestación, la imposición de multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales e, incluso, la revocación de la aprobación o aceptación respectiva, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes”.

La gestión pendiente invocada incide en proceso sumario por reclamación de sanción administrativa seguido ante el Juzgado de Letras de Rengo.