En el marco de un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional de Tailandia declaró la constitucionalidad de una norma –art. 112 del Código Penal de aquel país– que contempla el delito de lesa majestad.
La norma en cuestión busca proteger a la Monarquía tailandesa, a la vez que mantener el orden y la moralidad dentro de este Estado.
Los requirentes sostenían que el precepto transgredía, entre otros derechos, la libertad de expresión, contemplada en artículo 45 de la Constitución Política.
La norma que sanciona el delito de lesa majestad es parte de una institucionalidad que ampara a un régimen absolutista y totalitario que impide, como ocurre en estos casos, cualquier tipo de disidencia. Y que, obviando las duras críticas de parte de la comunidad internacional, ha perseverado en una reiterada violación de derechos fundamentales, por ejemplo: la libertad de expresión.
Así, existen casos emblemáticos que han sido llevados ante la justicia penal de Tailandia: como el de Ampon Tangnoppakul, un anciano que fue arrestado y luego condenado a 20 años de presidio por el sólo hecho de haber enviado supuestamente cuatro SMS desde su teléfono móvil, con expresiones que las autoridades del país del sureste asiático estimaron oprobiosas, pese a que el anciano –muerto en mayo de 2012, mientras cumplía su condena– adujo durante todo el proceso no saber cómo enviar mensajes de texto, y haber jurado una y otra vez –en medio de clamores e incesantes llantos– su lealtad con el régimen monárquico.
Vea texto íntegro de la Constitución del Reino de Tailandia.