La Carta Fundamental sienta las bases del llamado “orden público económico” y dentro de estas garantiza el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, siempre que se ejerza respetando las normas legales que la regulen, lo que se encuentra explícitamente asegurado en su artículo 19 N°21. Asimismo, autoriza al Estado y sus organismos a desarrollar actividades empresariales o a participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado se los permita, caso en el que tales actividades deben someterse a la legislación común aplicable a los particulares.
La moción de los diputados Burgos, Chaín, Lorenzni, Ojeda, Ortiz, Ricoón, Sabag, Torres, Vallespín y Venegas, destaca que “el manejo tributario, debe reenfocarse, como herramienta fiscal esencial, de manera de pretender el fin de bien común que obliga a las autoridades”, y que la ciudadanía estima “que sea una de las vías principales que deben emplearse para lograr una justa y armónica distribución de la riqueza”. Asimismo, la aplicación  de “ajustes tributarios”, pone el énfasis en el crecimiento, defendiendo mecanismos para elevar la productividad en aras al bienestar de las personas.
Observa luego que, sin perjuicio del amplio desarrollo económico, ello se contrasta con una desigual distribución del Ingreso entre los chilenos, por lo que se deben efectuar enmiendas tendientes a zanjar tales diferencias y asegurar una estabilidad.
A fin de subsanar tales defectos, proponen introducir diversas modificaciones en la Carta Fundamental. Por una parte, agregando dos incisos en el artículo 19 N°21, estableciendo que «es deber del Estado, promover una justa y armónica distribución de la riqueza.» y que “asimismo, promoverá e incentivará el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.». Por otra parte, incorporar los incisos primero y segundo del numeral del artículo 19, en el catálogo de derechos fundamentales protegidos por la acción de protección.

Vea texto íntegro de la moción.

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