En el contexto de la graves manifestaciones realizadas en contra la Ley de Pesca (boletín 8091-21), conocida también como “Ley Longueira” –en segundo trámite constitucional- que entre otras cosas concede la concesión –con carácter perpetuo y heredables- los derechos de pesca a siete grupos familiares para la explotación de los recursos marinos, y que establece además un mecanismo de cobro para los pequeños pescadores, fijando el pago de 0,4 UTM por metro cuadrado de bodega de una embarcación de pesca artesanal y que en el hecho de entrar en vigencia el 1° de enero del año 2013, elevaría enormemente los costos de la actividad, afectando principalmente a los pescadores y sus familias.
En este sentido, el Instituto Libertad y Desarrollo publicó un reportaje mediante el cual se cuestiona la posibilidad de la destrucción de la pesca artesanal y la acuicultura. El documento, dispone que entre las “virtudes” que tendría la iniciativa del Ejecutivo, sería regular la sustentabilidad de los recursos y la actividad pesquera, a través de estudios encargados de órganos especializados en el área, mejorando de esta forma la toma de decisiones, fiscalización, administración y regulación. Asimismo, el control que se efectuaría a los pescadores artesanales –que tengan embarcaciones de mayor tamaño- estaría acorde con los objetivos de la iniciativa del Gobierno, que es proteger la sustentabilidad de la actividad pesquera.   
La idea de establecer mayor fiscalización en el sector artesanal, según el informe, se debe al aumento en los desembarques totales del país entre los años 2000 y 2010, el cual se ha elevado del 22% al 52%, respectivamente, y que podría aumentar con la entrada en vigencia de esta ley.
En este orden de ideas, LyD señala que sea hace imperiosa la necesidad de legislar sobre esta materia, porque en caso contrario se producirían graves consecuencias para la sustentabilidad de los recursos, además con la aprobación del proyecto se estaría “protegiendo” a los pescadores artesanos, debido a que sus realidades “difieren sustancialmente” entre unos y otros.
Finalmente, el documento concluye que las violentas protestas realizadas en contra de esta ley, no reflejaría los intereses de la pesca artesanal, debido a que el proyecto contempla la idea de eximir del pago de patentes, del uso de posicionador satelital y de la certificación de captura, a los pequeños pescadores, y les reserva además la primera milla de forma exclusiva.  

Vea texto íntegro del documento.