Moción propone realizar examen toxicológico a quienes postulen a cargos públicos.

La moción de los diputados Arenas, Cardemil, Cristi, Hasbún, Letelier, Squella y Zalaquett, expone que en el contexto del debate político y social que se ha vuelto a generar a propósito de la legalización del autocultivo de la marihuana, que según estudios estiman que disminuiría considerablemente el narcotráfico, pero que sin embargo, esta “droga” produciría importantes daños a nivel cerebral, y asimismo se encuentra involucrada a casos “de detenidos por Violencia Intrafamiliar y delitos de mayor connotación social”, según antecedentes proporcionados por la Directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Observa luego que el aumento del consumo de marihuana en la población escolar ha aumentado notoriamente en los últimos años, llegando a un 19,5%. Esto a juicio de la moción, es bastante preocupante, considerando los daños irreversibles que provocaría el consumo de marihuana durante la adolescencia, que según estudios realizados en países extranjeros, el consumo durante esta etapa y extendida a la adultez, provocaría una importante disminución en el coeficiente intelectual, y un aumento hasta en el 600% del riesgo de padecer esquizofrenia. Por otra parte, la moción señala que las autoridades y funcionarios del aparataje estatal, deben ceñirse fielmente al principio de probidad, consagrado en el artículo 8° de nuestra Carta Fundamental, cuya disposición se vincula además con otros cuerpos legales, como la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. Es así, que podemos entender que a estas personas se les exige tener “una conducta intachable; que puedan ejercer el cargo de una manera lúcida, sin estar afectos a ninguna sustancia que pueda alterar su razonabilidad y su juicio de lo prudente, oportuno y justo”. En este sentido, nuestra legislación exige a quienes deseen postular a un cargo público, prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentre afecto a alguna causal de inhabilidad, como «dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico». Sin embargo, los autores manifiestan a través de este proyecto, que la exigencia establecida no es suficiente para garantizar el principio de probidad, porque depende exclusivamente de la honestidad de una persona. Por las razones expuestas, la moción propone modificar la precitada Ley N° 18.575, buscando complementar la declaración jurada con la obligación de efectuar un examen toxicológico de pelo –por ser más certero- que verifique el consumo de sustancias ilegales en un lapso de tiempo más prolongado.

Vea texto íntegro de la moción.

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