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Con el objeto de que el Estado garantice el derecho a la educación.

Senadores proponen asegurar continuidad del servicio educativo en el caso que se pierda la personalidad jurídica de instituciones de educación superior.

la reforma debe ser integral, esto es, que “se aborde un nuevo marco regulatorio para la educación superior; una nueva institucionalidad que garantice el cumplimiento de dicho marco regulatorio, en especial la prohibición de lucro; un nuevo sistema de financiamiento tanto para los estudiantes como para las instituciones, a fin de reequilibrar los aportes del Estado y las familias; y un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y acreditación”.

11 de enero de 2013

La moción de los senadores Lagos, Walker y Zaldívar expone que nuestra sociedad en los últimos años ha manifestado públicamente la necesidad de mejorar significativamente el actual sistema de educación superior.
Observa luego que para obtener un nuevo sistema, la reforma debe ser integral, esto es, que “se aborde un nuevo marco regulatorio para la educación superior; una nueva institucionalidad que garantice el cumplimiento de dicho marco regulatorio, en especial la prohibición de lucro; un nuevo sistema de financiamiento tanto para los estudiantes como para las instituciones, a fin de reequilibrar los aportes del Estado y las familias; y un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y acreditación”.
Por otra parte, la moción señala que es deber del Estado velar y garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, pero especialmente de aquellos que queden desamparados cuando la institución de educación superior en la que están inscritos ve cancelada su personalidad jurídica y pierde su reconocimiento oficial debido, como es el caso de la Universidad del Mar.
Finalmente, con el objeto de subsanar tal situación, el proyecto de ley propone crear un cuerpo legal que otorgue “facultades excepcionales para garantizar la toma de control de estos planteles, a fin de garantizar la continuidad de los estudios y el proceso de titulación de los alumnos afectados; el pago de remuneraciones de los académicos y trabajadores en general, así como el ejercicio de acciones para la recuperación de los recursos que, en vulneración de la ley, no hayan sido reinvertidos en las universidades, el destino de los muebles o inmuebles propiedad de las corporaciones, y, en general, toda acción destinada a garantizar el interés público asociado a la continuidad de un servicio educativo de calidad”.

Vea texto integro de la moción.

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