La moción de los diputados Accorsi, Araya, Cardemil, Sabag, Saffirio y Sepúlveda, expone que la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, establece que la incautación de “presuntas drogas” relacionadas directamente con el tráfico ilícito de estupefacientes, debe ser enviada para su análisis a los Servicios de Salud a través de los SEREMIS regionales, a fin de lograr su identificación y cuantificación, además de mantener en custodia por dos años las contra muestras y la destrucción de los excedentes.
Observa luego que el análisis realizado por el Instituto de Salud Pública (ISP), demora aproximadamente seis meses en obtener un resultado, lo que afecta directamente en la persecución penal y procedimiento de tráfico de drogas.
De acuerdo a lo que señala la moción, el problema que genera este retardo, impide que el Ministerio Público cuente con información suficiente que le permita formular la acusación en el tiempo concedido por el Juez de Garantía, y para la Defensoría Penal Pública, el problema se representa en que los imputados procesados continuarían en prisión preventiva, mientras no se obtengan los resultados concretos, atentando claramente en contra el debido proceso. 
Por la indicado, y con el objeto de subsanar tal deficiencia, el proyecto de ley propone modificar la Ley N° 20.000, entregando además la labor de análisis a los Laboratorios de Investigaciones de Chile (Labocrim) y el Laboratorio de Carabineros de Chile (Labocar), los que se encuentran altamente preparados, para desarrollar los peritajes criminalísticos correspondiente, permitiendo agilizar la investigación y procedimiento penal.

Vea texto íntegro de la moción.  

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