El precepto legal establece que: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación”.
La gestión pendiente invocada incide en un proceso de indemnización de perjuicios, en el marco de un conflicto entre empresas, que se encuentra en etapa probatoria en primera instancia.
La requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, el derecho a la protección de su vida privada y su honra, además del contenido esencial de dicho derecho, al restringirse la indemnización por daño moral derivada de imputaciones injuriosas a los exclusivos casos de prueba de daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero. Por último, estima que los razonamiento de la Magistratura Constitucional en la sentencia Rol N° 1185-08, en orden a declarar inaplicable el precepto legal impugnado, es plenamente aplicable al caso sub lite.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 2410.

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