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En audiencia pública.

Presidente del TC rinde cuenta pública de la labor efectuada por la Magistratura Constitucional durante el año 2012.

la Cámara de Diputados propuso y el Senado aprobó la designación de los abogado y profesores de Derecho Constitucional, don Gonzalo García Pino (es renovado en su cargo) y don Juan José Romero (reemplaza al ex Ministro Marcelo Venegas). Finalmente, enfatiza en que hace apenas una semana, fueron nombrados como Ministros del TC por el Presidente de la República, a la abogada doña María Luisa Brahm Barril (reemplaza al ministro Viera-Gallo) y al abogado y profesor de Derecho Administrativo a don Iván Aróstica Maldonado (es renovado en su cargo).

27 de marzo de 2013

En días pasados, el Presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, rindió cuenta pública de las actividades institucionales de orden jurisdiccional y administrativo desempeñadas por esa Magistratura durante el año 2012.
La actividad se enmarca en la exigencia que impone el artículo 155 de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, como también en la política de transparencia y acceso a la información pública que la Magistratura Constitucional promueve.
Al iniciar la sesión, el Presidente de la Magistratura destaca como hechos relevantes, la renovación parcial de los Ministros del Tribunal Constitucional y a su vez, el traslado del mismo desde la sede de la Casa de Velasco hacia el nuevo edificio de Apoquindo 4700, en el mes de junio de 2012.
En efecto, recuerda que el ministro Enrique Navarro, electo por la Corte Suprema, cesó en sus funciones el día 05 de mayo de 2012, y en su reemplazo, fue designado el abogado y profesor de Derecho Administrativo, don Domingo Hernández, asumiendo su cargo y prestando juramento de rigor- conforme a lo previsto en el artículo 11 de la LOC del TC- el día 13 de junio de 2012.
Asimismo, a partir del 15 de marzo del año 2013 cesaban en el cargo 4 de los 10 jueces constitucionales, razón por la cual, en ejercicio de sus atribuciones la Cámara de Diputados propuso y el Senado aprobó la designación de los abogado y profesores de Derecho Constitucional, don Gonzalo García Pino (es renovado en su cargo) y don Juan José Romero (reemplaza al ex Ministro Marcelo Venegas). Finalmente, enfatiza en que hace apenas una semana, fueron nombrados como Ministros del TC por el Presidente de la República, a la abogada doña María Luisa Brahm Barril (reemplaza al ministro Viera-Gallo) y al abogado y profesor de Derecho Administrativo a don Iván Aróstica Maldonado (es renovado en su cargo). Todos prestando juramento de rigor, el pasado lunes 28 de marzo de 2013.
Finalmente, en lo que atañe a los Ministros suplentes, fueron electos don Christián Suárez y Alán Brofman, quienes están próximos a asumir sus cargos.
En la cuenta pública se expuso, entre otras materias, que durante el año 2012 ingresaron al TC 238 causas – cifra levemente menor a las registradas el año pasado, las cuales ascendieron a 268- de las cuales 197 corresponden a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, donde se mantiene la tendencia de que este tipo de asuntos representa el mayor de los ingresos anuales en el TC, llegando al 86% en el último periodo, destacando que 22 requerimientos fueron deducidos por los jueces, donde las normas legales cuestionadas corresponde a derecho procesal penal, derecho civil, justicia militar, normas sobre extranjería, derecho de familia, cuestiones laborales y previsionales, derecho tributario y derecho municipal; durante ese mismo periodo se dictaron 102 sentencias definitivas y que 80 de ellas recayeron en acciones de inaplicabilidad de las cuales 61 desestimaron el requerimiento y 19 lo acogieron. En cuanto a las cuestiones de constitucionalidad     que plantean órganos de la administración del estado, en causas que son parte, donde destaca que 5 de los 6 requerimientos, corresponden al cuestionado artículo 5 inciso segundo de la ley sobre acceso a la información pública.
En tanto, precisa que el 10% de ingresos – 23 en total- corresponde a control de constitucionalidad obligatorio de proyectos de ley orgánica constitucional.
Finalmente, el Presidente y Ministro Bertelsen refirió a que en este periodo, es la primera vez que el Tribunal ejerce la facultad entregada en el numeral 8 del artículo 93 de la Carta Fundamental, pronunciándose de un requerimiento de inconstitucionalidad deducido por un grupo de senadores, en contra del Decreto Supremo promulgatorio de la ley 20.595, motivado en que dicho decreto contenía un título diverso al que constitucionalmente correspondía.

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