El proyecto de reforma constitucional iniciado por moción del senador Ruiz-Esquide, expone que en Chile “la avaricia insaciable de unos pocos ha generado una desigualdad”, que va “transformando el legítimo afán de obtener una justa retribución en usura, lo que se agrava con el uso de recursos públicos para esa torcida finalidad”.
Observa luego que lo anterior se produce en áreas como la “salud, educación y pensiones”, lo que se traduce en “una pesada carga financiera para el país, afectando derechos contemplados en diversas disposiciones constitucionales nacionales y en tratados internacionales”.
A fin de subsanar tales defectos, propone introducir diversas enmiendas en la Carta Fundamental. En primer lugar, agregar un nuevo inciso final en el artículo 1°, el cual especifique que “la promoción del bien común implica la obligación del Estado de proteger a través de políticas públicas concretas a todas las personas y sectores, especialmente a los más vulnerables de la sociedad”. Así, “el Estado no podrá destinar recursos públicos, en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas que tengan por finalidad el lucro en cualquier forma y que desarrollen actividades educacionales, de salud, pensiones de jubilación y de seguros”.
También, pretende modificar el derecho a la salud establecido en el artículo 19 N°9, donde el Estado esta vez estará obligado a cumplir su función, al incluirse la voz “deberá”. Asimismo, estará encargado de “implementar políticas públicas de prevención de la salud orientadas a la población en general y a los grupos más vulnerables”.
Por último, en el derecho a la educación propone establecer una prohibición expresa para que el Estado destine “recursos públicos, en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas que tengan por finalidad el lucro en cualquier forma».

Vea texto íntegro de la moción.

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